En Colima, que durante mucho tiempo se mantuvo a salvo de la violencia en el país, el infierno se desató un 25 de enero con un motín carcelario que dejó al menos siete heridos y nueve fallecidos por una presunta trifulca entre dos células enfrentadas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los dormitorios A y B del Centro de Reinserción Social de la ciudad.
Lo siguiente ha sido una oleada de violencia e impunidad imparables: 50 homicidios en enero; 68 en febrero; 66 en lo que lleva marzo; y solo cuatro detenidos en el primer trimestre de lo que se perfila como uno de los peores años para la entidad en materia de seguridad.
Bryant Alejandro García Ramírez, fiscal general de Colima, informó este martes 22 de marzo que “prácticamente todas” las 184 víctimas de asesinato que se han registrado en la entidad en dicho período cuentan con antecedentes por narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada y algunos de ellos incluso están plenamente identificados como miembros de grupos criminales delictivos.
“Hasta el momento se han detenido a cuatro personas por los diferentes hechos violentos ocurridos en el estado, en donde se sigue trabajando en la integración de las carpetas de investigación para su judicialización”, explicó el fiscal.
También explicó que se mantiene la investigación de otras personas, para una vez obtenidos los indicios correspondientes, solicitar las órdenes de aprehensión para su detención; asimismo reiteró que en algunos casos se están haciendo las investigaciones correspondientes, su pertenencia ya sea a través de familiares o directamente los involucrados.
“Se trabaja en las redes de vínculos familiares o con organizaciones del crimen organizado”, apuntó. Entre los eventos violetos que se ha registrado han destacado ejecuciones de policías, balaceras entre las fuerzas del orden y civiles y ataques del narco inhumanos.
El propio fiscal adjudico el incremento de la violencia en la entidad a la disputa en el Cereso estatal entre dos células del CJNG. La primera bajo el mando de Felipe Peñaloza, el Rojo, y Víctor Alexander Torres Brizuel, sobrino de José Bernabé Brizuela Meraz, líder de los Mezcales.
La Fiscalía General del Estado de Colima informó este martes que se identificaron a prácticamente todos los presuntos responsables (al menso 10 personas) del motín. Se reveló que el Ministerio Público judicializará uno por uno los casos para que la estrategia sea más eficaz, por lo que se afirmó que habrá “contundencia” contra los personajes totalmente identificados por imágenes y otras pruebas presentadas a lo largo del proceso.
Se reveló que el Ministerio Público judicializará uno por uno los casos para que la estrategia sea más eficaz, por lo que se afirmó que habrá “contundencia” contra los personajes totalmente identificados por imágenes y otras pruebas presentadas a lo largo del proceso.
La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación donde se incorporan los siguientes datos de prueba:
- 40 entrevistas recabadas a víctimas de los hechos, todas ellas privadas de la libertad; testigos y personal de seguridad y custodia del Cereso.
- 38 dictámenes periciales en diversas especialidades, como criminalística de campo, balístico, química forense, lofoscopía, genética y medicina forense.
- 14 informes rendidos por parte de la autoridad del Cereso.
- 7 informes rendidos por instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Regional Universitario (HRU).
- 13 informes de la Policía Investigadora.
- Inspección de 43 carpetas video gráficas de las cámaras localizadas en dicho Cereso.
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