La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar en el ámbito federal el delito de robo de identidad, y aplicar de seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa (28,340 pesos) a quienes lo cometan.
Fue el legislador Vicente Alberto Onofre Vázquez quien planteó reformas al Código Penal Federal para castigar el robo o suplantación de la identidad por cualquier medio, pues aunque este delito presenta gran incidencia en todo el país, aún no se encuentra tipificado a nivel federal.
“A pesar de que el robo de identidad presenta gran incidencia en todo el país, aún no se encuentra tipificado a escala federal. Incluso, el Registro Nacional de Población ha recalcado la relevancia que tiene el derecho a la identidad, al ser un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Política”, subrayó el morenista.
El legislador refirió que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2020 se registraron 4 millones 593 mil 966 reclamaciones de usuarios de la banca por posible fraude con sus tarjetas y cuentas; y 60,449 más por posible robo de identidad.
Por ello, dijo, el objetivo de la iniciativa es adicionar el capítulo III denominado Robo de Identidad, y el artículo 390 Ter, al Código Penal Federal, con el fin de definir un tipo penal para el robo de identidad a nivel nacional, esclarecer las conductas a las que aplica, precisar qué conductas serán catalogadas bajo ese concepto y establecer “sanciones ejemplares” para inhibir ese ilícito.
En este sentido, la propuesta establece que comete el delito de robo de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales o financieros con el objetivo de suplantar la identidad de un tercero y obtener algún beneficio para sí o para otra persona en perjuicio del patrimonio de la persona suplantada, o para la comisión de cualquier otro delito.
Asimismo, Onofre Vázquez sostuvo que en gran parte de los casos no son las personas físicas o morales obligadas a proteger los datos personales quienes llevan a cabo esas conductas ilícitas, sino terceros que, a través del engaño, obtienen información personal y financiera de las víctimas para suplantar su identidad.
La propuesta también señala que la sanción de hasta 10 años sería independiente a las que correspondan por otros delitos en que incurra el infractor, así como las de tipo administrativo.
El diputado indicó que sólo en 16 estados de la República existen leyes que califican como delito el robo de identidad: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Sin embargo, detalló que en cada estado se denomina de distintas maneras al delito, además de que las sanciones establecidas varían en los años de prisión y en las multas económicas.
“Dependiendo del estado en cuestión, este delito se denomina de distintas maneras, ya sea robo de identidad, suplantación de identidad o usurpación de identidad; además, las sanciones establecidas varían tanto en las penas de privación de la libertad como en las multas económicas”, se lee en el proyecto enviado a la Comisión de Justicia.
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