“Nadie por encima de la Ley”: PRI exigió a AMLO y a la FGR aplicar la legislación a Emilio Lozoya

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar la justicia en contra de Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto,  y explicar su posible pacto de impunidad.

“La Fiscalía General de la República y las autoridades competentes deben aplicar la ley y explicar qué ocurre en el caso de Emilio Lozoya. Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley, se tiene que cumplir siempre la ley, se tienen que cumplir siempre los procedimientos y eso estará en el actuar del juez y de la Fiscalía”, aseguró el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”.

“Lo que habría que ver es cuáles son las condiciones por la que esté bajo ese mecanismo o ese método que ha tomado él al ser colaborador en la Fiscalía. Lo que habría que dejar claro es que eso no puede permitirse”, insistió.

Moreno Cárdenas consideró que “no ha habido una respuesta clara (sobre el caso Lozoya), ha quedado evidenciado lo que ocurrió en el tema de las filtraciones o la información que se dio a conocer, y yo creo que la Fiscalía y las autoridades competentes deben explicar la postura que se tiene y qué y por qué ocurre”.

Incluso, el dirigente del tricolor señaló que el gobierno federal y la FGR deben explicar cuáles son las ventajas que se le han dado a Lozoya Austin, en comparación de otros acusados, como los 31 investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Al final del día ha habido señalamientos por muchos lados, que el gobierno no ha tenido una posición firme, digamos en ese tema, porque mientras eso sucede en un caso como el que se ha señalado, hoy se persigue a los científicos, hoy se persiguen a muchos que no tienen esas condiciones y esas ventajas en el proceso”, aseveró.

A consideración del dirigente priista, no ha quedado claro cuáles son los beneficios que tiene Emilio Lozoya, por lo que insistió, “no puede permitirse”.

“No tengo claro si el tema de la decisión sea un arraigo, lo que habría que ver es cuáles son las condiciones por las que está bajo ese mecanismo o método que ha tomado él al ser colaborador en la Fiscalía (...) Lo que habría que dejar claro es que eso no puede permitirse; a todas luces, el gobierno y las autoridades competentes deben dar una explicación de lo sucedido en ese caso en especial”, enfatizó.

Apuntó que no se puede politizar la justicia ni judicializar la política. “La ley se tiene que aplicar, hay debido proceso, hay derechos que tienen todos los ciudadanos, pero todos tenemos que estar apegados a ellos y lo que tiene que hacer la autoridad competente es cumplir la ley”, aseveró.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin -cercanísimo al expresidente Enrique Peña Nieto- fue detenido el 12 de febrero de 2020 en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel de la administración de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el 17 de julio de 2020, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su llegada ocurrió en medio de un show en el que la Fiscalía usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado a un Hospital privado ubicado al sur de la Ciudad de México por una supuesta “anemia severa”.

Según versiones periodísticas, desde un principio, Lozoya ofreció al fiscal Alejandro Gertz Manero las cabezas de Peña Nieto y Luis Videgaray. En su “Declaración Nitrogenados” los acusó de ser los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo.

Además, ofreció unos presuntos videos en donde tendría grabados a políticos de alto nivel, principalmente legisladores de oposición, recibiendo sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética. Pero hasta el momento, ninguna de estas pruebas han sido presentadas por Lozoya, pese a que el plazo para hacerlo venció el pasado 30 de enero.

A un año ocho meses, de la detención de Emilio Lozoya -quien se encuentra bajo la figura legal de testigo colaborador-, la FGR no ha informado nada sobre la indagatoria. Mientras tanto, Lozoya Austin sigue en libertad y comiendo en restaurantes exclusivos de la Ciudad de México.

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