César Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público: el juez descarta el cargo de coalición

Un juez de control vinculó a proceso al exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui Moreno por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, tras la reanudación de su audiencia inicial, la tarde de este jueves 22 de octubre en la Ciudad Judicial del Estado, ubicada en avenida Niños Héroes y Ocampo.

El juzgador Luis Alberto Simental Ortega descartó la vinculación por un segundo cargo, coalición de servidores públicos, al considerar que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no cumplió con los requisitos legales para acreditar ese delito.

El abogado defensor Héctor Villasana informó, en un encuentro con medios de comunicación a la salida de la audiencia, que el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Ese plazo fue menor al solicitado por el Ministerio Público de FGE, que había pedido cuatro meses para continuar con las diligencias.

La resolución correspondió al fuero común, dentro de la causa penal 3055/2026, y no con la acusación federal por traición a la patria que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra el exfiscal en un expediente distinto. En ese caso se investiga la presunta autorización de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operaran en territorio mexicano en el mismo operativo contra el narcolaboratorio.

Jáuregui compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido por los cargos federales.

El caso se originó por el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua

La causa contra Jáuregui deriva del desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril. En el regreso de ese operativo, una camioneta del convoy cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y explotó, lo que provocó la muerte de cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), su escolta, y dos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua imputó a Jáuregui por presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables durante el operativo.

Esa imputación llevó a la detención de Jáuregui el 17 de octubre y a las órdenes de aprehensión libradas en su contra y en la de un segundo exfuncionario estatal, el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El encargado de despacho de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, precisó tras la detención que lo investigado “no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino”, sino la forma en que se condujo el operativo.

El abogado Héctor Villasana calificó de “incongruente” la resolución del juez y confirmó que impugnarán

El abogado Héctor Villasana afirmó, en declaraciones a la salida de la audiencia recogidas por el medio Omnia Noticias y replicadas en una página de Facebook de apoyo a Jáuregui, que no comparte la determinación del juzgador y que la impugnará.

Calificó como “incongruente” que el juez descartara el delito de coalición con los mismos antecedentes que sí sustentaron la vinculación por ejercicio ilegal del servicio público. “Es hasta incongruente el juez cuando, por un lado, con los mismos antecedentes, no tiene por acreditado el delito de coalición, cuando son exactamente los mismos, y sí tiene por acreditado el delito de ejercicio indebido de funciones”, sostuvo.

El abogado cuestionó que los datos de prueba del Ministerio Público no acreditaran responsabilidad directa de su cliente. “No hay un solo dato que lo sugiera más que el hecho de que él era fiscal general del Estado”, declaró, y agregó que, aun tratándose de una decisión primigenia, “tiene que haber datos de prueba sólidos” para sostenerla.

Consideró que la decisión “lejos de tener un matiz jurídico, tiene otro”.

Sobre los magistrados que podrían conocer el recurso de apelación, Villasana dijo que la defensa confía en las instituciones y en el sistema jurídico vigente, y expresó su convicción de que, con “los mismos argumentos sólidos”, lograrán que cualquier magistrado que revise el caso “revoque la ilegal decisión que hoy se tomó, sustentada exclusivamente en intuiciones y en imaginaciones de lo que pudo haber sucedido en una reunión, por el simple hecho de ser fiscal general del Estado”.

Consultado sobre una posible persecución política, respondió: “Esto todo parece indicar que así es. Cuando tú forzas una determinación en este sentido, en el contexto que se está dando para el licenciado Jáuregui y en la situación en la que él se encuentra, pues no te da otra conclusión más que verdaderamente se le está persiguiendo políticamente”.

El juez rechazó la presunta incompetencia de la FGE y ratificó su continuidad en el caso

Entre otros datos revelados por Villasana, el abogado reveló que el juzgador rechazó el planteamiento de la defensa sobre la incompetencia de la FGE para continuar con la investigación y resolvió que esa dependencia seguirá a cargo del caso.

Villasana calificó de “excesiva” la petición del Ministerio Público de cuatro meses, y argumentó que la investigación ya está “muy profunda, muy amplia”, añadiendo que han declarado entre cincuenta y ochenta testigos, y que ya existen periciales y análisis.

El abogado señaló que las diligencias pendientes, como entrevistar a más agentes de la Policía y de la FGE, son mínimas.

La defensa advierte que el caso federal por traición a la patria es “más absurdo”

Villasana precisó que la audiencia del sábado 24 de octubre en el Altiplano, por el delito federal de traición a la patria, corresponde a una causa distinta, a la que calificó como “un delito más absurdo” que el que hoy se le pretendió acreditar. Explicó que las hipótesis de ese delito exigen demostrar que la conducta de Jáuregui puso en riesgo la soberanía e independencia del Estado.

Remarcó que, en la causa estatal, Jáuregui no tiene medida cautelar de prisión, mientras que en la causa federal del Altiplano sí permanece bajo esa medida, y que la resolución de este jueves “en nada influye” en lo que se discutirá ese sábado.

“Ahora toca enfrentar la de la Ciudad de México, que al final de cuentas es la causa por la cual ahorita él está detenido. Toca dar la pelea ya jurídica para lograr que no se le vincule a proceso”, afirmó.

Al cierre del encuentro con los medios, Villasana sostuvo que existe una consigna clara de que alguien debe responder por los hechos ocurridos en la sierra de Chihuahua y que buscan que sea Jáuregui quien los enfrente.

Dirigiéndose a los simpatizantes presentes, aseguró que el exfiscal está “fuerte”, que “sabe dónde está parado” y conoce perfectamente lo que enfrenta, pese a la decisión del juez. “La ventaja y lo que vemos es fortaleza en él, en lo que está haciendo y en lo que está enfrentando”, concluyó el abogado.