En 2020 se registraron al menos 23 salidas irregulares de reclusas en el penal femenil de Puente Grande, de acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDH) al Secretario de Seguridad Pública y al Director del Sistema Penitenciario de Jalisco.
De acuerdo con la recomendación 147/2021, en el periodo entre el 13 de febrero de 2020 y el 27 de agosto del mismo año, salieron del penal grupos en los que llegaron a contarse hasta 80 mujeres, las cuales fueron llevadas a los reclusorios de varones con pretextos de “eventos deportivos” y “ensayos de obras teatrales”.
Las internas que salieron del Reclusorio de Reinserción Femenil, el cual alberga aproximadamente a 300 mujeres, fueron llevadas a los centros de reclusión varoniles preventivo, de sentenciados y el metropolitano, todos ubicados en Puente Grande, complejo localizado en el municipio de Tonalá. Algunas de ellas ya no regresaban durante el traslado, sino hasta el día siguiente tras pernoctar como “visita íntima” sin ningún tipo de registro.
El caso más grave ocurrió el 24 de marzo de 2020, cuando 64 mujeres acudieron a una “convivencia” en el reclusorio preventivo de Puente Grande (Comisaría de Prisión Preventiva) y 11 de ellas, incluidas dos pacientes psiquiátricas, regresaron con aliento alcohólico de acuerdo a los partes médicos que les fueron practicados. A raíz de ese hecho dos custodias fueron despedidas y a otras no les fueron renovados sus contratos, algunas de ellas fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. Dos de las mujeres eran pacientes psiquiátricas, detalló la CEDHJ.
Del total de los traslados, 14 se dirigieron al Reclusorio Metropolitano, considerado de máxima seguridad; ocho al Centro de Reinserción Social (Comisaría de Sentenciados); y uno al Reclusorio Preventivo, donde habrían ingerido bebidas embriagantes. En seis ocasiones se argumentaron “eventos deportivos”, y en el resto de las visitas, 17 traslados, “ensayo de la obra de teatro”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco determinó que en esta serie de casos se cometió la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al incumplimiento de la función pública por transgresión al principio de la debida custodia.
“Para la CEDHJ quedó acreditado que las autoridades de la Comisaría de Reinserción Femenil y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado incurrieron en irregularidades y omisión institucional, además de que se violaron los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica”, señaló la defensoría estatal.
“En este caso la ley es muy clara en que el traslado por ejemplo debe solicitarle la autorización y notificación al juez de ejecución de pena o al juez de control según sea el caso, cosa que no aparece documentado, pero luego es una falta grave el ingreso y consumo de bebidas embriagantes dentro de un centro y pues ahí quedó documentado el caso de 11”, explicó Javier Perlasca, cuarto visitador de la CEDHJ.
La CEDHJ pidió reparación del daño a las denunciantes para que se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa y se apliquen sanciones sin importar el cargo de quienes permitieron y cometieron las irregularidades.
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