La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Aranza Ramos, integrante de Madres Buscadoras de Sonora.
De acuerdo con el Frente Nacional Ni una Menos, la mujer de 28 años fue privada de su libertad y luego ejecutada el 15 de julio de este año, en Guaymas, Sonora.
Víctima indirecta de la desaparición de su esposo, Bryan Omar Celaya Alvarado, Aranza se unió a las Madres Buscadoras de Sonora en diciembre de 2020, con estos hechos queda una víctima indirecta más, un niño de 2 años de edad, ahora en orfandad.
En este sentido, el organismo autónomo señaló que todos ellos son víctimas como quienes se han tenido que organizar para buscar a sus familiares en todo el país, obligados por " falta de apoyos gubernamentales, invirtiendo sus propios recursos, desenterrando restos humanos con sus propias manos, en pie de lucha con la esperanza de encontrar a su familiar, y al mismo tiempo anhelando encontrarlo vivo y no en una de esas excavaciones”.
De acuerdo con las cifras recabadas por la CNDH, hay cerca de 80,000 personas desaparecidas y más de 4,000 fosas clandestinas documentadas. Lo anterior, indicó, reclama un esfuerzo adicional y urgente, por lo que la misma Comisión se unió a los reclamos y exigencia de justicia de los colectivos de buscadoras, defensoras de Derechos Humanos, ciudadanas Buscadoras y Activistas.
En este contexto, hizo un “enérgico llamado” a las instituciones estatales y federales, de manera que redoblen sus esfuerzos, “hagan su tarea, se fortalezcan las acciones de búsqueda, y se ponga un alto a la violencia que priva a familias enteras de padres, madres, hijas e hijos, y las coloca ante la disyuntiva de tomar por sí mismas lo que las autoridades deberían hacer”, se lee en un comunicado de prensa.
Aunado a esto, exigió a las autoridades del estado de Sonora realizar una investigación expedita, considerando la línea de investigación derivada de su actividad buscadora. Por otra parte, pidió al Estado garantizar seguridad a las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonara, pues su líder, Ceci Patricia Flores Armenta, declaró que hace más de un mes recibieron amenazas de muerte.
Pese a que dichas acciones fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la activista declaró que no recibió respuesta. Asimismo, la CNDH solicitó la “atención que requiere y se merece la familia de Aranza Ramos”.
“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia”, agregó el organismo.
Por último, la Comisión encabezada por Rosario Piedra refrendó su compromiso con las víctimas, en especial a los colectivos y familiares de buscadoras.
De igual forma, se declaró lista para “formular y apoyar mejores respuestas institucionales para proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en nuestro país. ¡No queremos más madres buscadoras muertas!”.
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