Un grupo estadounidense de servicios petroleros introdujo una solicitud de arbitraje por USD 100 millones ante un tribunal del Banco Mundial alegando que México violó las protecciones a inversionistas bajo el pacto comercial del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al no honrar acuerdos, según abogados y documentos de la corte consultados por la agencia de noticias Reuters.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, registró el caso el 12 de mayo, interpuesto por un grupo liderado por Finley Resources, una empresa de crudo y gas de Texas que ganó dos procesos competitivos de oferta de servicios y negoció un tercer contrato de perforación con la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex).
Finley recurrió a arbitraje internacional después de que los esfuerzos para hacer cumplir sus contratos se estancaron en tribunales mexicanos, dijo Andrew Melsheimer, abogado de la empresa con sede en Fort Worth, Texas.
El reclamo de Finley es el primero realizado por una empresa estadounidense de servicios petroleros contra México desde que el TLCAN fue renegociado como el T-MEC en 2020.
Los casos ante el CIADI, que resuelve disputas de inversión, pueden tardar años en resolverse.
“México prometió que las inversiones de Finley estarían protegidas”, dijo Melsheimer. En cambio, los tribunales del país dieron “poco o ningún movimiento” a la disputa, mientras que empresas mexicanas de servicios petroleros que hicieron reclamaciones similares recibieron un trato más favorable, dijo.
Pemex y la cancillería mexicana no respondieron a solicitudes de comentarios.
Según Melsheimer, Pemex incumplió pagos por servicios prestados por las empresas, mientras que algunos contratos adjudicados a éstas no fueron respetados por México. El grupo incluye a Finley, MWS Management y Prize Permanent Holdings.
Docenas de empresas empezaron a participar en el sector del petróleo y gas de México tras la profunda reforma energética realizada entre 2013 y 2014, destinada a poner fin al monopolio de Pemex e impulsar la inversión extranjera. Tras la promulgación de la reforma, se otorgaron más de 100 contratos petroleros a empresas competidoras de Pemex y algunos a la estatal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido revitalizar a la altamente endeudada Pemex y a la estatal eléctrica Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero ha amenazado con revertir las reformas de la industria energética si no puede reescribir las reglas para ayudar a ambas empresas.
México enfrenta 13 disputas de arbitraje ante el CIADI, 10 de las cuales han sido introducidas desde 2018, según la página en internet del organismo.
El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), el principal grupo de cabildeo petrolero de Estados Unidos, ha enviado al menos dos cartas a líderes mexicanos y estadounidenses expresando su preocupación ante la posibilidad de que las acciones del gobierno mexicano perjudiquen a inversionistas y violen acuerdos comerciales regionales.
En la actualidad hay dos reformas a Leyes secundarias a la Constitución detenidas por juzgados federales especializados en competencia económica: a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos.
Ambas fueron aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso, luego de las iniciativas presidenciales diseñadas para reducir las actividades de empresas privadas en generación renovable de energía, importación, comercialización y distribución de combustibles, con el fin de ampliar la participación de la CFE y Pemex que se han reducido a menos de la mitad en algunas actividades como la producción de energía fuera de horas pico y la comercialización al mayoreo de diésel proveniente de Estados Unidos.
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