Inicia reconciliación tras el caso Cienfuegos: Gertz Manero habló con fiscal de EEUU sobre combate al narco

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo un encuentro con su homólogo de EEUU, Merrick B. Garland, para continuar la cooperación bilateral de combate al narcotráfico.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que la tarde de este 27 de abril, Garland y Gertz Manero mantuvieron una llamada telefónica donde ambos reafirmaron sus compromisos para aplicar la ley en favor de los ciudadanos de México y EEUU.

“Los Fiscales Generales discutieron la necesidad de continuar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y transnacional, y para interrumpir las cadenas de suministro de drogas ilegales e ilícitas”, destacó la fiscalía estadounidense.

Luego de la tensión por el caso Cienfuegos, así como la aprobación de la Ley que regula agentes extranjeros en México, los funcionarios comenzaron a superar diferencias en aras del bilateralismo en temas de Seguridad.

A diferencia de Garland que asumió el 11 de marzo pasado, el titular de la FGR ha cumplido dos años de gestiones que no han estado exentos de situaciones ríspidas, principalmente en la época de William P. Barr, quien viajó a México en dos ocasiones durante el mandato de Donald Trump.

Cuando Merrick B. Garland apenas llevaba dos semanas en el cargo, fue reportado que los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los poderosos cárteles de la droga desde México estaban detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países congelaron los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico.

Ahora, el Departamento de Justicia indicó que igual se abordaron puntos impulsados en la agenda por autoridades mexicanas como el tráfico de armas, hecho que benefician a grupos delictivos en su capacidad de fuego contra el Estado.

“Se destacaron otras áreas para fortalecer aún más la cooperación bilateral, incluido el rastreo de armas de fuego, la financiación ilícita y el tráfico y los traficantes de personas”, añadió el breve reporte.

El 15 de enero pasado la FGR exoneró a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional acusado por cuatro cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York. Tres meses atrás el general había sido detenido en Los Ángeles y pasó 34 días encerrado, hasta su deportación como hombre libre el 19 de noviembre, pues las fiscalías de EEUU y México acordaron que el militar sería juzgado en su país para reparar lazos de política exterior.

Nicole Navas Oxman, portavoz del DOJ, mencionó que la nación estadounidense “se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Zepeda, si el gobierno de México no lo hiciera”.

Previamente, en diciembre de 2020, México promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al gobierno mexicano, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente como corruptos.

De ahí que los investigadores de ambos lados de la frontera pusieron pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas pudieran comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.

“La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente “, reprochó de Willian P. Barr el 11 de diciembre.

Esta regulación fue bautizada como “Ley Cienfuegos”, porque se sustentó en la desconfianza que tuvo el Departamento de Justicia a las autoridades mexicanas para no informar sobre indagatorias contra el ex jefe del Ejército, imputado por sus nexos con el Cártel H-2 y remanente de Los Beltrán Leyva para el tráfico de drogas a EEUU.

Para el gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos son el principal proveedor de drogas y no hay grupos transnacionales que les hagan frente en el trasiego de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína a través de su frontera suroeste.

Asociadas con pandillas locales, las facciones distribuyen en todo el país, además, se han modernizado para enviar y vender su producto, pero sobre todo, no se detendrán ante nada ya sea que recurran a la violencia o intimidación.

En su informe anual sobre los Derechos Humanos, EEUU fue incisivo en el señalamiento de los altos índices de impunidad que prevalecen en México, especialmente, en casos de violencia que son perpetrados por grupos del narcotráfico.

Las tasas de enjuiciamiento fueron catalogadas como “extremadamente bajas”, de acuerdo con datos abiertos de las propias instituciones mexicanas. El reporte abarca todos los delitos, incluidos abusos a las garantías universales.

De acuerdo con este informe, los grupos del narcotráfico tuvieron un impacto en el control territorial, limitaron la movilización y obligaron a situaciones de desplazamiento forzado interno. Además, fueron partícipes en asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas, con lo cual vulneraron libertades de expresión.

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