
Con decenas de fotografías y la consigna de arrebatarle los nombres al olvido, familiares de personas desaparecidas instalaron este domingo un “muro de la memoria para la verdad y la justicia” en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en un acto cargado de dolor pero también de una determinación que no da señales de agotarse.
Un muro para que nadie pueda mirar hacia otro lado
La intención es tan sencilla como poderosa: que cada funcionario que entre a trabajar al centro “tenga que cruzar la mirada con nuestros seres queridos”. La estructura, de 1.22 por 2.44 metros, fue cubierta con rostros provenientes de distintos rincones del país, desde la Ciudad de México hasta Guerrero, desde Nuevo León hasta Tamaulipas, un mapa del dolor que retrata la dimensión nacional de la crisis de desapariciones.
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Entre los rostros que ahora habitan el muro están el de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco; Julio César Cervantes Cabañas, ausente desde septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón; Vladimir Florean Pablo, visto por última vez en 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero; y Axel Martínez, desaparecido en Tamaulipas el 28 de diciembre de 2022, entre muchos otros casos que se acumulan sin respuesta.

“Humanizando la burocracia”
Los colectivos Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, entre otros, colocaron además una jardinera con plantas y flores bajo el muro. “Estamos humanizando la burocracia”, dijeron, recordando que detrás de cada folio “hay una vida que nos falta, una familia rota, una exigencia de justicia que no se agota en un horario de oficina”.
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Un antecedente que terminó mal
No es la primera vez que los colectivos recurren a esta estrategia. Un muro similar fue instalado desde enero de 2020 frente a la ex sede de la Fiscalía General de la República en Insurgentes, hasta que fue retirado en abril de 2024 por funcionarios de la institución, en lo que los familiares describieron como un acto “en complicidad con el Gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal”.

El rechazo a las cifras oficiales
La acción también llega en un momento de tensión con las autoridades por la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los colectivos fueron tajantes: calificaron el proceso como “un intento de rasurar el padrón” y de “minimizar la tragedia humanitaria” que vive el país. “No aceptamos una cifra que se construya a espaldas de quienes buscamos”, sentenciaron, dejando claro que su exigencia no se negocia ni se diluye en estadísticas.
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