William P. Barr, Fiscal General de Estados Unidos, desaprobó la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar a agentes extranjeros en territorio mexicano, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República.
Esta regulación restringiría y podría monitorear las actividades de los agentes estadounidenses, como aquellos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), algo que el Departamento de Justicia aseguró, sólo beneficiaría a los cárteles del narcotráfico y limitaría la cooperación entre México y EEUU.
“Nos preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, lo que tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente “, fue el comentario de Willian P. Barr emitido este 11 de diciembre en forma sorpresiva.
Los agentes de extranjeros, según la Ley aprobada en el Senado, deberían presentar informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores de forma periódica, además de que México les limitaría el goce de la inmunidad diplomática.
Incluso, como antecedente de las buenas relaciones, la Fiscalía estadounidense hizo mención al caso del general Salvador Cienfuegos, a quien le fueron desestimados los cargos de narcotráfico en Nueva York y fue devuelto para ser procesado por autoridades mexicanas.
“Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, EU recientemente devolvió al ex secretario Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado allí”, aseveró el funcionario estadounidense.
El Senado de México aprobó este miércoles por la noche las reformas a su ley de Seguridad Nacional para limitar en el territorio las competencias de los agentes extranjeros de agencias como la DEA o el FBI, quienes “únicamente” desarrollarán “actividades de enlace” para intercambiar información con las autoridades mexicanas.
La iniciativa del presidente López Obrador fue aprobada con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, en medio de las críticas de la oposición, que han calificado la medida de “berrinche” a causa de la reciente detención en suelo estadounidense del exministro de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pero los impulsores de la Ley refieren una defensa de la soberanía.
El texto decreta que las agencias extranjeras deberán operar en México bajo un tiempo definido y previa autorización, del mismo modo que están obligadas a hacer partícipes a las autoridades mexicanas de la información que recaben en el ejercicio de sus funciones, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A su vez, la reforma da cabida a la posibilidad de que los agentes extranjeros puedan ser sancionados penalmente bajo el marco jurídico mexicano, ya que no tendrán “ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones”, así como por infringir las disposiciones normativas que les prohíben el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades de México.
En la conferencia matutina del martes 8 de diciembre, López Obrador consideró que no existen reglas claras en relación con lo que puede hacer o no los agentes extranjeros.
“Nosotros queremos de una vez resolver esto, que las reglas estén claras, que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo. Es decir, poner orden”, dijo el mandatario.
Ahora, el Departamento de Justicia manifiesta su inconformidad ante la regulación que restringiría a los agentes. Cabe destacar que la Ley será turnada a la Cámara de Diputados, donde será deliberada su aprobación por el Congreso de la Unión.
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