
Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una demanda de “juicio ciudadano” contra los miembros del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) que ratificaron bajarlo de la contienda electoral el martes 13 de abril.
Esto quiere decir que el senador con licencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) procedió contra Lorenzo Córdova, consejero presidente, y contra los otros cinco consejeros que que desatendieron la primera recomendación del Tribunal Electoral (Ciro Murayama, Jaime Rivera, Dania Ravel, Carla Humprhey y Claudia Zavala).
A través de este conducto, el militante del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia detalló las presuntas violaciones a sus derechos políticos-electorales por parte del órgano autónomo mexicano encargado de organizar las elecciones del próximo 6 de junio, donde se disputarán 15 de las 32 gubernaturas y jefatura de gobierno de la república, así como la renovación de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La argumentación jurídica a la que apela Salgado Macedonio para proceder contra los consejeros es que, al aplicar la sanción más grave ante lo que se podría calificar como una falta menor y que se pudo resolver por la vía administrativa, representa una falta al principio pro persona.
“El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución un tratado internacional o una ley”, se lee en el recurso presentado.
Esto quiere decir que “la falta de proporción en cuanto a la cantidad de dinero no reportada contra el castigo” justifica la promoción de la demanda ante la autoridad judicial electoral.
Y es que “pretender quitar la candidatura al morenista por ocho publicaciones en Facebook y casi 20,000 pesos en su precampaña, lo cual no representa ni el 1% de lo establecido por a ley”, agrega, no justifica la violación a su derecho para votar y ser votado.

Por su cuenta, el Tribunal Electoral ya había deliberado, antes de regresar la misiva al instituto que dirige Córdova Vianello, que se considera como desproporcionado el castigo aplicado al excandidato. El texto redactado por la máxima autoridad nacional en materia electoral señala que “se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. Por lo que ante el incumplimiento de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron de tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso”.
Esto orilló a Salgado Macedonio a recurrir nuevamente al TEPJF, mismo que en un caso similar, ya contempla restituir la candidatura a Raúl Morón, el aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena.
“Se deja sin efecto la sanción impuesta Raúl Morón Orozco, consistente en la pérdida del derecho en ser registrado exclusivamente como candidato al cargo de gubernatura, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán”, se lee en el proyecto de resolución del Tribunal Electoral escrito por la magistrada Mónica Soto Fregoso. Lo cual podría llevar a pensar que lo mismo le ocurriría al guerrerense con cinco acusaciones por abuso sexual.
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