Contra todas las voces críticas, la Cámara de Diputados mexicana aprobó este jueves en comisiones la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un movimiento calificado como un “golpe de estado” al Poder Judicial y señalado como “inconstitucional” por expertos juristas.
La comisión de Justicia, con 17 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, aprobó el dictamen que completa las reformas secundarias al Poder Judicial, donde se encuentra el apartado transitorio que permitiría a Zaldívar mantenerse como presidente de la Corte hasta 2024, empatando el final de su mandato con el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La reforma secundaria tenía como objetivos combatir directamente la corrupción, el nepotismo y el acoso y abuso sexuales en el Poder Judicial, pero quedó opacada radicalmente el jueves pasado, cuando en el Senado la mayoría de Morena, el partido en el poder, introdujo un artículo transitorio ampliando no sólo el mandato de Zaldívar, sino de otro consejeros de la Judicatura Federal.
La diputada del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Mariana Dunyaska García, señaló que este dictamen viola el artículo 97 de la Constitución, donde se establece que el periodo máximo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de cuatro años, por lo que pidió que no se avale la propuesta. “Se debe respetar la autonomía de los poderes y no ser una oficialía de partes”, aseveró.
Pero los reproches que incluso se presentaron al interior de Morena no pudieron frenar la aprobación de la reforma con todo y artículo 13 transitorio. El legislador morenista Rubén Cayetano García mencionó que el dictamen sentará un precedente para bien de la Constitución, del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte y la ciudadanía.
La coordinadora de los diputados del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), Verónica Juárez Piña, indicó por su parte que todo lo bueno y positivo que tiene el dictamen resulta “negatorio con lo establecido en el transitorio décimo tercero”, el cual “compromete” la independencia de poderes y “supedita al Poder Judicial a los mandatos del Ejecutivo”.
La polémica ampliación, que incluso generó el debate sobre un posible ensayo de López Obrador para mantenerse en el poder más allá del sexenio 2018-2024 que marca la Constitución, también fue vista con escepticismo por algunos morenistas y también de partidos aliados al oficialismo.
“Ay, el pinche Mier está diciendo que la votemos”, externó a la hora de la votación en la comisión con clara molestia Nancy Reséndiz, del PES (Partido Encuentro Social), en referencia a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas, quien ha empujado fuertemente para aprobar lo más pronto posible esta reforma.
Antes, algunos de los legisladores más influyentes de Morena en San Lázaro, como el vicecoordinador de la bancada, Pablo Gómez, el veterano líder izquierdista Porfirio Muñoz Ledo y la diputada Lorena Villavicencio, se habían mostrado en contra del artículo transitorio que argumenta que la ampliación de mandato de Zaldívar es vital para implementar la reforma al Poder Judicial.
Pero López Obrador ve con buenos ojos la reforma que amplía la presidencia de Zaldívar en la Corte. Incluso este lunes aseguró que el presidente de la Corte “ayuda a que se moralice el Poder Judicial”. Cuestionado sobre si había algún otro perfil que pudiera encabezar dicha reforma, López Obrador dijo que no, a pesar de que en el máximo Tribunal del país hay tres ministros que él propuso.
El bloque opositor en San Lázaro y también en el Senado, ya anunciaron en los últimos días que presentarán acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato de Zaldívar, en caso de que se concrete en el Congreso, un tema del cual definirá su constitucionalidad o no, paradójicamente, la Suprema Corte.
Zaldívar, por su parte, ha escogido el silencio. A pesar de ser un miembro activo en Twitter y de escribir una columna en medios nacionales, el presidente de la Corte no se ha expresado sobre la situación. Los críticos señalan su silencio como cómplice. Otros en la judicatura creen que su investidura no debe rebajarse al plano político, a pesar de que ya lo haya hecho en otras ocasiones.
La única comunicación oficial fue del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que el mismo jueves pasado se expresó sobre la reforma aprobada en el Senado. “El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, manifestaron.
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