La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz (2016-2018), por denuncias presentadas respecto a su dirigencia en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tuvo durante el sexenio de Felipe Calderón.
A través de un comunicado oficial, la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero explicó que derivado de un par de denuncias contra el militante del Partido Acción Nacional (PAN) se procederá con la investigación “ya sólo se está en espera de la información requerida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”.
Cabe recordar que en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la responsabilidad de Santiago Nieto, presentó dos denuncias por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita que tuvieron lugar, presuntamente, durante la gestión de Linares en el instituto mexicano (2006-2010); sin embargo, no es el único señalamiento en su contra.
Un año antes, Lorenzo Antonio Cortilla Vázquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, señaló presuntas irregularidades ante la FGR. Una de ellas fue en la contratación del sistema de video vigilancia de la entidad.
De acuerdo con lo pactado, el sistema de vigilancia estatal comprendió la instalación de 6,476 videocámaras, en distintos puntos de la entidad. Para materializar el servicio, se celebró un contrato por 1,100 millones de pesos, recursos que vendrían de la federación; no obstante, se señalaron incumplimientos de calidad en el equipo puesto en operación.
Esto porque las cámaras instaladas en Veracruz no cuentan con la calidad de resolución para cumplir con el objetivo de seguridad por el que fueron colocadas. Al respecto, se señaló que se presentaron pruebas debidamente sustentadas que confirman el incumplimiento de calidad en el servicio.
“La auditoría que nos solicita el congreso respecto al sistema estatal de video vigilancia, demuestra que éste no opera en lo absoluto de acuerdo a como fue contratado y el dictamen en que fue sustentado está contratación”, estimó Cortilla Vázquez en su informe.
Este comunicado abona a la cantidad de ex funcionarios investigados por su gestión durante administraciones anteriores. En específico, al sexenio de Felipe Calderón, donde el caso más popular es el de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien lleva un proceso en Estados Unidos por presuntamente Liderar una Empresa Criminal Continua (Continuing Criminal Enterprise). Cabe destacar que este delito es el mismo por el que se procesó a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con lo señalado por la corte federal de Brooklyn, además del ex secretario de Seguridad, otros presuntos implicados que eran funcionarios públicos son Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino. En el texto oficial de la acusación “brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”.
Finalmente, las autoridades estadounidenses abundaron en los beneficios otorgados a la asociación criminal dirigida por Guzmán Loera por los sobornos recibidos y acusaron cuatro conductas ilícitas en detrimento de la seguridad y salud pública.
1.- Aceptar no interferir con el los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, que generalmente consistían en cantidades de narcóticos de varias toneladas, y la gran mayoría de los cuales estaban destinados a los Estados Unidos.
2.- Proporcionar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre las operaciones de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa.
3.- Dirigirse a los miembros de cárteles rivales para su arresto, en lugar de los miembros del Cártel de Sinaloa, y proporcionar información confidencial sobre el cumplimiento de la ley sobre los miembros de cárteles rivales.
4.- Colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.
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