La intrincada red financiera de García Luna y los hermanos Arellano, empresarios sinaloenses investigados por autoridades mexicanas

Previo a la próxima audiencia contra Genaro García Luna, artífice de la llamada guerra contra el narco, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril, salieron a la luz una serie de documentos que lo relacionan a una red financiera y de triangulación de recursos encabezada por los hermanos Juan José y Érick Arellano Hernández, empresarios sinaloenses que siguen en la mira de autoridades mexicanas.

De acuerdo con el semanario Proceso, un enorme diagrama, elaborado durante 2019, muestra los millones de pesos y dólares que personas físicas y empresas fachada movieron con la finalidad de esconder los recursos “presumiblemente como sobornos por la ejecución de actos de corrupción” durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que los montos se triangularon a al menos cinco empresas y seis personas físicas “para ingresar recursos al sistema financiero nacional” que después serían dispersados a paraísos fiscales, principalmente en Barbados, Curazao, Letonia, Panamá, Hong Kong y Chipre.

Entre todas las empresas, sobresalió una: Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV., consultoría contable, fiscal, financiera y legal que es parte del Grupo Arhe, la cual depositó, en dos lapsos durante 2016, un total de 5 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting, negocio de asesoría en seguridad creado por el propio García Luna.

Entre los 22 perfiles de personas físicas, además del exsecretario de seguridad, se encuentran su hermana Esperanza y a su esposa Linda Cristina Pereyra, así como el empresario de tecnología de seguridad y espionaje Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg. Además, resaltó el nombre de Juan José Arellano Hernández.

Arellano Hernández le envió 2 millones 134 mil pesos a Weinberg padre en julio de 2019, quien, junto con su hijo fueron acusado por la UIF de “triangular recursos” que probablemente “tuvieron su origen en el pago de sobornos” hecho a través de empresas “cuyas características indican que es posible que se trate de empresas fachada, creadas para ingresar recursos al sistema financiero nacional”.

Además, a Juan José Arellano también se le confirmaron nexos con la Operadora Grupo Gas Mart, de la que María Hernández Ramos, su madre, es accionista principal por medio de otra empresa, y su hermano, Érick, es socio. Esta empresa fue vinculada con el Cártel de Sinaloa, pues un estudio compartido con el Grupo de Acción Financiera Internacional, destacó la firma de la “empresa 6”, constituida en Sinaloa, " estado de donde son originarios los principales líderes de los cárteles de la droga y cuya principal actividad radica en servicios de contaduría y asesoría”.

La UIF presentó una denuncia contra la Operadora Grupo Gas Mart ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019, donde se consignó el envío “cantidades millonarias de recursos a favor de Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad de García Luna, cuando no se vislumbra relación de negocios”.

Según el documento al cual tuvieron acceso Ríodoce y Quinto Elemento Lab, se concluyó que la Operadora formó parte de un “esquema de triangulación planeado por Genaro García Luna a efecto de hacerse llegar recursos” provenientes de “sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna” y de dinero obtenido del “desvío de fondos de la Secretaría de Gobernación y de la Tesorería de la Federación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto”.

La Operadora Grupo Gas Mart también fue vinculada con Nunvav Inc, compañía constituida en Panamá en 2005 y asentada en México en 2011, de la cual su presidente era Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg.

El expediente de la UIF documentó que Nunvav Inc hizo algunas transacciones, desde 2013 y hasta 2015, a dos empresas también de la familia Weinberg, ICIT Private Security México, SA e ICIT Holding, SA. Y en los años 2013, 2016 y 2017 transfirió más de 44 millones de pesos a la Operadora Grupo Gas Mart.

De esta cantidad, más de 30 millones de pesos, según el acuerdo de bloqueo, fueron traspasados en 2016, “circunstancia que resulta inusual, pues en ese año Operadora Grupo Gas Mart envía recursos a Glac Security Consulting, la empresa de García Luna”. También se conoció que se adquirieron “tarjetas prepagadas” por un monto de 532 millones 74,127 pesos.

“No sólo se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que detectamos que esta empresa panameña (Nunvav) es la que le pagaba el modo de vida en Miami a García Luna; la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, cuestionó Nieto Castillo en diciembre de 2019.

Entre las transacciones realizadas a Nunvav durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se encuentra la realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob). La dependencia le envió 2 mil 915 millones de pesos y 77 millones 464 mil dólares “sin una justificación aparente, enviando los capitales a cuentas existentes en paraísos fiscales”, declaró el documento consignado por Proceso.

El 9 de diciembre de 2019, la dependencia federal bloqueó las cuentas las de Nunvav Inc, Glac Security Consulting SC, ICIT Holding SA, ICIT Private Security México SA y de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, meses después de la detención de García Luna.

Cabe recordar que el exfuncionario federal está acusado de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como haber mentido en 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

En total, son cuatro cargos relacionados con narcotráfico, incluida la de empresa criminal continua, que implica una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

La próxima audiencia de Genaro García Luna está programada para el próximo 19 de abril, luego de que el juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito Este de Nueva York - el mismo que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán-, concedió la petición que realizaron la fiscalía y la defensa de García Luna para que la audiencia se pospusiera, debido a que la pandemia por COVID-19 sigue afectando a Nueva York y, por tanto, ha retrasado algunos procesos de recopilación de pruebas.

A través de una nota aclaratoria recibida por Infobae México el jueves 15 de abril, Grupo ARHE, así como los hermanos Arellano, se deslindaron de todas las acusaciones presentadas por la investigación periodística y los documentos proporcionados por la UIF, debido a que “no solamente está lleno de inconsistencias y suposiciones, sino que también es confuso y tendencioso al vincular al grupo y denostarlo”.

Asimismo, aseguraron que sí existió relación comercial con miembros de la familiar Weinberg, pero, de de acuerdo con el documento, “fue en un momento en que no existía ningún impedimento o restricción para llevarla a acabo”, además de que fungían como los principales principales proveedores de los gobiernos federal y estatales, así como de grupos empresariales transnacionales en materia de equipo y tecnología de seguridad.

Entre los puntos que se aclararon, indicaron que la UIF no ha comunicado a los hermanos Arellano una investigación en su contra. Además de que Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV no forma parte de Grupo Arhe, pues “se encuentra conformado por las empresas controladas por una misma sociedad”.

Acerca de los nexos con Glac Security Consulting, empresa de Genaro García Luna, Grupo Arhe resaltó que dicho pacto fue celebrado en la Ciudad de México por Héctor Carrasco Muro, quien representaba a la empresa. Sí se efectuaron los contratos señalados, sin embargo “no existían indicios de que estuviera realizando actividades de las cuales pudieran tener un impedimento para contratarla”. Incluso las operaciones fueron informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera y fueron resueltas, en septiembre de 2019, por la Fiscalía General de la República.

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