La oposición y diferentes grupo empresariales y civiles reaccionaron con la misma dureza que han mostrado en las últimas semanas a la publicación y promulgación de la polémica reforma a la industria eléctrica, propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las advertencias de expertos en el sector por los probables incrementos en tarifas de luz y graves daños al medio ambiente.
Y es que este martes 9 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica mexicana. “Esta reforma privilegia a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por encima de los productores particulares de energía”, recordó la Cámara de Comercio Internacional en México (ICC por su siglas en inglés).
“Es decir, privilegia a las energías provenientes de energéticos fósiles, como el combustóleo y el carbón, por encima de las denominadas energías limpias (eólicas y solares). El contenido de esta reforma no es más que una síntesis de diversos actos administrativos previamente emitidos por las principales autoridades del sector energético en México”, agregaron.
Para la ICC, la reforma altera el sistema de despacho de energía, ya que no se despachará primero la energía más barata, sino la proveniente de la CFE. “En segundo lugar, desaparecen las subastas obligatorias para la compra de energía adicional a los particulares”, completaron.
También alertaron porque la CRE (Comisión Reguladora de Energía) podrá revisar e invalidar los permisos de autoabastecimiento que hayan sido obtenidos mediante un supuesto “fraude a la ley”.
Y, por último, los contratos de compraventa de energía eléctrica con productores independientes (regulados al amparo de la ley anterior) serán revisados para “garantizar” su rentabilidad para el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los cuales, de encontrarse que no se garantiza dicha rentabilidad, serán renegociados o terminados anticipadamente.
De acuerdo con la organización, es contraria a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33 de la Constitución mexicana. “Es decir, porque viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano”, dijeron.
Pero, además, también violaría el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.
“Además, resulta anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidos en el T-MEC, el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en junio de 2020.
Por otra parte, también sería contraria al principio antimonopolios del Tratado de Asociación Transpacífico; a la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y porque pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en el Acuerdo de París.
Por último, la ICC advirtió que el tema seguirá y tendrá su momento más importante en los juzgados, lo que es un hecho desde las primeras horas tras la publicación de la propuesta presidencial, que avanzó sin cambios en el Senado y en la Cámara de Diputados gracias a las amplias mayorías de Morena, el partido de López Obrador, a pesar de las intensas críticas y señalamientos.
“Como consecuencia, se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma”, remarcaron.
“En caso de prosperar, se vislumbra inminente el inicio de múltiples arbitrajes de inversión a la luz de los acuerdos internacionales firmados por México y que establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus inversiones en nuestro territorio”, agregaron.
La ICC México confía en la independencia, autonomía y capacidad del Poder Judicial, el cual, como ya ocurrió en el pasado respecto a la materia, ha defendido con gallardía la dignidad de nuestra Carta Magna y de los acuerdos internacionales de los que México es parte”, concluyeron.
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