El riesgo constante para las mujeres mexicanas: han sufrido abusos aun en manifestaciones por sus derechos

Desde 2015, las protestas del 8 de marzo han cobrado mayor relevancia entre las mujeres en México. No obstante, las manifestaciones han rebasado las fronteras de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y han abarcado nuevos días en los calendarios cada vez que se cumplen aniversarios de impunidad o se cometen nuevos feminicidios. Es entonces cuando los grupos y colectivos toman las calles para demandar justicia.

A la par de ello, las cifras por el delito de feminicidio han aumentado de forma alarmante. De acuerdo con las estadísticas registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015 se presentaron 411 casos por ese delito. No obstante, para 2020 se duplicó pues en ese periodo la cifra cerró en 860.

De ahí que, aunado a todos los tipos de violencia que sufren a diario, las mujeres busquen enunciar un discurso con la justicia como bandera. Sin embargo, durante las protestas también deben enfrentarse con la estigmatización y criminalización de sus actos, así como la represión y violación de sus derechos humanos. Este tipo de experiencias las ha rescatado Amnistía Internacional en su informe México: La era de las mujeres: Estigma y violencia contra las mujeres manifestantes.

Uno de los casos más recientes se suscitó en Cancún, Quintana Roo. Durante un acto convocado por organizaciones feministas para demandar justicia por el feminicidio de Alexis, la activista Naomi Quetzaly Rojas Domínguez fue víctima de la vulneración de sus derechos humanos, pues los cuerpos de seguridad la violentaron de diversas formas.

Al percatarse de la presencia policial en la plaza, la gente comenzó a correr. Entre el caos, Naomi Rojas observó a un grupo de agentes que golpeaban a dos mujeres menores de edad. En ese instante corrió hacia la escena y les gritó hasta que los hombres las dejaron en paz. Después de ello, de acuerdo con el testimonio rescatado por Albinson Linares en NBC, las agresiones fueron encaminadas en su contra.

Luego de la agresión, fue esposada y trasladada al interior del Palacio Municipal. Sin embargo, no fue la única pues otras manifestantes detenidas fueron llevadas al mismo lugar.

“Me mantuvieron aparte por un momento. Terminaron de golpearme y me enviaron con las otras chicas. Cuando las vi, fue una escena horrible porque todas estaban esposadas, recostadas sobre el suelo en una esquina. Me llevaron con ellas y fue cuando fui abusada sexualmente”, narró la activista de 22 años. Ante las agresiones de la policía, trató de defenderse, pero le fue imposible por estar esposada.

Aunque las mujeres realizaban un acto de manifestación pacífica en la plaza, policías se dirigieron hacia ellas como si tuvieran la intención de cometer algún delito y encaminaron una serie de “detenciones preventivas” sin ningún fundamento. De acuerdo con el informe, las protestas de mujeres reciben el estigma de ser violentas. De hecho, esos prejuicios se consolidan por la manera en que el discurso de las autoridades y medios de comunicación configura un ambiente hostil en torno a ellas.

Además, las autoridades asumen actitudes tendenciosas y discriminatorias cuando las manifestantes optan por cubrir sus rostros o vestir de color negro. Según indica el documento, son vistas como potenciales participantes en delitos, incluso cuando en épocas de emergencia sanitaria es necesaria la protección de las vías respiratorias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

De esa forma, las autoridades perpetúan las viejas prácticas de detención arbitraria y persecuciones en contra, en este caso, de las mujeres que exigen justicia por medio de los actos públicos. Es por ello que, según Amnistía Internacional, la violencia experimentada por mujeres y niñas que participan en protestas, por parte de las autoridades, crean un ambiente peligroso para que las feministas puedan manifestarse en contra de la violencia de género.

No obstante, el caso de Naomi no es el único. A lo largo y ancho de toda la República, en entidades como Guanajuato, Sinaloa, Estado de México y la Ciudad de México también se cometen violaciones a Derechos Humanos y se criminaliza la protesta. Aunado a los altos índices de impunidad que imperan en las regiones periféricas.

En la Ciudad de México, por ejemplo, durante una protesta en agosto de 2019, que tenía como objetivo el rechazo a la violencia sexual de la que fueron víctimas dos adolescentes por parte de policías, la atención mediática no se centró en los motivos del acto, indicó NBC. Por el contrario, tanto medios de comunicación como autoridades se centraron en documentar las pintas, así como cuando las manifestantes lanzaron glitter a Jesús Orta, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

Al año siguiente, en Ecatepec, Estado de México, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, para desalojar a las manifestantes que ocuparon las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). La detención se realizó sin una orden oficial, fueron trasladadas, en la parte trasera de camionetas sin identificaciones oficiales, a las oficinas del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, en el mismo estado.

Como esos casos, existen otros que no han sido documentados por Amnistía Internacional, pero reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como los feminicidios en Ciudad Juárez, así como la violación y agresiones sexuales por parte de policías y soldados en contra de mujeres manifestantes.

De esa forma, la Organización Civil señaló que las autoridades mexicanas no han adoptado medidas que garanticen los derecho a la libre expresión, así como a una vida sin violencia para las mujeres y todas las participantes en protestas con fundamento en la defensa de los derechos humanos.

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