
Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), decidió retirar su petición de proceso abreviado, pero se dio a conocer que está en la posibilidad de entregar información sobre Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores.
Y se informó el martes 9 de marzo que la exfuncionaria comenzará la próxima semana negociaciones con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y evitar el juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Al respecto de la propuesta que ha hecho Robles Berlanga a la FGR, el periodista Salvador García Soto recordó en su columna de opinión para El Universal que la primera propuesta que se hizo al respecto fue en noviembre del 2020, aunque la Fiscalía mostró interés nadie buscó a la exfuncionaria.
Acotó que la exsecretaria en la administración de Enrique Peña Nieto “tiene un as bajo la manga, porque el primer expediente que le abrieron, por el delito de omisión, ha sido impugnado por su defensa con un solicitud de amparo para el sobreseimiento del caso por un conflicto de constitucionalidad basado en errores de tipificación de ese delito” y el tema tendrá que ser resuelto en la Suprema Corte de Justicia, lo cual sucederá hasta que los ministros den una resolución al respecto.

Cabe señalar que para el caso de ejercicio indebido del servicio público, acusación por la que la exfuncionaria permanece en prisión preventiva desde agosto del 2019, no aplica un criterio de oportunidad.
Rosario Robles aclaró en una carta enviada al mismo medio que no busca convertirse en testigo colaborador de la FGR. “No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley”.
García Soto refiere que la SEIDO le respondió a los abogados de Robles que está interesada en negociar, a partir de la información que se aporte, aunque por ahora no exista un encuentro formal. Pero son dos cosas las que solicitó la exfuncionaria, “la primera, es conducir personalmente las pláticas con la Fiscalía y ser ella la que entregue y declare y dos, que la FGR le otorgue los mismo beneficios como a Emilio Zebadúa y Emilio Lozaya”, es decir, prisión domiciliaria.
Ante el proceso electoral, indicó, la posibilidad de tener a Luis Videgaray abonaría al discurso de combate de la impunidad del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El columnista concluyó que “Rosario ya enseñó una de sus cartas, que es un as de diamantes con las iniciales de LV”, las autoridades buscan conocer el tipo de información que pueden obtener y luego negociar, pero Rosario Robles quiere salir de la cárcel y le den el mismo trato de otros exfuncionarios que fungen como testigos colaboradores.
El 8 de marzo, el periódico Reforma dio a conocer que el juez federal Antonio González García prohibió por tiempo indefinido a la FGR solicitar orden de aprehensión contra tres excolaboradores de Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, en una investigación relacionada con la Estafa Maestra.
Pero el fallo también favoreció a Humberto René Islas Cortés, ex director de Recursos Materiales; Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, directora de Recursos Humanos, son cargos que desempeñaron en ambas dependencias.

El también periodista Salvador Camarena indicó en su columna de opinión para El Financiero que el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha repetido en diversas ocasiones que en casos de corrupción la prioridad es que se regrese lo robado.
“En algunos casos parece actuar así, pero no en la Estafa Maestra que pinta para profecía autocumplida con ayuda del gobierno que supuestamente impulsaría la justicia. El reportaje, publicado en 2017, hizo su parte al denunciar un esquema de expolio gubernamental. Pero no contábamos con la FGR y el Poder Judicial, que se afanan en redondear la maestría de la estafa”, indicó.
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