Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aceptó declararse culpable en la omisión en el ejercicio de los recursos de las dependencias a su cargo y ofreció pagar una multa por 5,000 pesos.
Los abogados de Robles Berlanga presentaron la propuesta el miércoles 3 de marzo con el fin de que se le permita acceder a un proceso abreviado, lo cual implica una pena de seis años y descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad.
Cabe señalar que la FGR solicitó una pena de 21 años y la devolución de 5,000 millones de pesos.
En la audiencia del 26 de febrero, de acuerdo con los audios en los que tuvo acceso Milenio, la exfuncionaria pública le indicó al juez que no tiene ningún problema con seguir el proceso, “quiero dejar claro este trato desigual, profundamente discriminatorio”.
Rosario Robles hizo énfasis en ser la única mujer que permanece en la cárcel y que lleva un año y medio, fue detenida en agosto del 2019.
En otras ocasiones, ha indicado que no ha recibido el mismo trato que otros exfuncionarios. En el caso de Emilio Zebadúa negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes y Emilio Lozoya también sigue su proceso en libertad y está acusado de operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, proceso que enfrenta en libertad.
En tanto, Epigmenio Mendieta, abogado de Robles Berlanga, refirió que los argumentos que están dando las autoridades son “de facto discriminatorio, sino la intención deliberada y plena de no acatar las instrucciones (las suyas), de obstaculizar un proceso, con el cual claramente tendría la posibilidad de que Rosario pudiera alcanzar su libertad antes de que termine el sexenio”.
El proceso que se le sigue es por presuntas omisiones, es decir, por no impedir que en Sedesol y Sedatu se firmaran los convenios que dieron origen al desvió de recursos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito que se le imputa es cometido por “el funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal”.
Tanto la FGR como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron que no existen condiciones para que se realice un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.
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