El proceso electoral en el país, en el que destaca la disputa de 15 gubernaturas, inició con más de 40 denuncias de violencia política por razón de género en 11 estados de los 15 que disputarán una gubernatura en las elecciones del próximo 6 de junio.
Lo anterior debido a que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género fue abierto en diciembre pasado por el Instituto Nacional Electoral (INE), como un instrumento que permite verificar a los aspirantes a un cargo de elección popular.
En ese sentido, de diciembre a enero pasado, 21 personas, entre exalcaldes, presidentes municipales y hasta dirigentes estatales, han sido sancionadas por incumplir los lineamientos.
Tal registro muestra que 17 son hombres y cuatro mujeres, de los cuales ocho corresponden a aspirantes a un cargo de elección popular, cuatro a servidores públicos y ocho a “otros”; 12 de los casos son de nivel municipal y nueve de estatal.
Por entidad, se tiene que Veracruz es donde más asuntos se han reportado, con nueve, seguido de Campeche con cinco, luego Quintana Roo con tres, Yucatán con dos; en tanto que Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora tienen un caso cada uno.
El registro de sanciones Felipe Mora Hernández, alcalde de Campeche, fue el primero en aparecer en la lista, acusado por una síndica por obstrucción a sus funciones. También Alejandro Ochoa Valencia, exedil de Colón, Querétaro, señalado por una diputada de hostigamiento.
Sin embargo, uno de los casos más sonados es el del director de Protección Civil en Isla Mujeres, Merced Ortiz Maya, y dos de sus colaboradores, Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc en Quintana Roo, quienes fueron sancionados por difundir volantes con publicidad sexual en perjuicio de la actual diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Atenie Ricalde.
Otro es el de Gamaliel Ochoa, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango, a quien colectivos feministas denuncian que está impedido por una causa legal por violencia de género. Ante ello, el partido asegura que el proceso legal está suspendido y que la única forma de inhabilitarlo como candidato sería contar con una sentencia emitida.
En Baja California Sur, el Tribunal Estatal Electoral determinó el pasado 15 de febrero que el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería, deberá pagar una multa de más de 8,000 pesos, así como ofrecer disculpas a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, por sus declaraciones en el sentido de que sólo había hombres competitivos para la contienda.
Lo anterior generó que el Colectivo de mujeres de la 4T, pidiera al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y a la Comisión Nacional de Honor y Justicia su destitución.
Cabe mencionar que el INE ya giró dos órdenes de protección para las mujeres, pues consideró que están en riesgo por haber sido violentadas verbalmente.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia política contra las mujeres en razón de género se define como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objetivo de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
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