
El asesinato de dos maestras en Michoacán por un menor de edad reavivó el debate nacional sobre el tratamiento penal de niñas, niños y adolescentes en México, algo a lo que también se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana y en noviembre pasado, exhortando a que se discuta el tema la posibilidad de juzgar a menores homicidas como adultos.
No obstante, el coordinador de la Clínica de Bienestar Universitario (CBU) de la Universidad Iberoamericana, doctor Antonio Tena Suck, advirtió que juzgar a menores como adultos no contribuirá a disminuir la violencia entre adolescentes.
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El especialista llamó a que en su lugar, se atiendan las causas estructurales del fenómeno desde la salud mental y el bienestar integral.
De acuerdo con información difundida por Prensa Ibero, el especialista subrayó que el enfoque punitivo resulta insuficiente y que la prevención debe ocupar el centro de la estrategia para reducir la violencia juvenil.
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“No, absolutamente. Me parece que lo que tenemos que es atender y tratar de buscar situaciones que favorezcan el bienestar emocional de las personas”, afirmó el Dr. Tena Suck, quien advirtió que centrarse únicamente en el castigo implica desconocer las raíces profundas de la violencia.
El coordinador de la CBU explicó que la violencia en adolescentes suele ser la expresión visible de problemas emocionales no atendidos, los cuales pueden originarse desde la infancia y agravarse con el tiempo.
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Insistió en la importancia de identificar señales de desregulación emocional, como tristeza persistente, dificultades para controlar la ira o conductas violentas, para intervenir de manera oportuna.
“El bienestar emocional tiene que ser en todos los aspectos: físico, psicológico, social y cultural. Tenemos que buscar la integración de la persona y su adaptación sociocultural”, precisó el académico de la Universidad Ibero.
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El especialista señaló que los sistemas de atención psicológica en el país suelen verse rebasados, lo que limita la posibilidad de brindar un acompañamiento efectivo a quienes lo requieren.
“La única manera de tener una incidencia favorable es el énfasis en la prevención. No esperemos a que la persona desarrolle un problema grave; cuando haya una desregulación emocional, ahí tenemos que intervenir”, agregó.
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En la misma entrevista, Tena Suck destacó que organismos internacionales como la UNESCO han identificado el desarrollo socioemocional como una competencia clave para el futuro.
Este aspecto se suma a habilidades digitales, pensamiento crítico y resolución de problemas, y requiere ser impulsado desde las primeras etapas educativas.
El director de la CBU propuso fortalecer los programas de salud mental en escuelas, universidades y espacios educativos.
Explicó que no basta con la presencia de un psicólogo, sino que se requiere la conformación de equipos multidisciplinarios y modelos de atención flexibles.
Entre las medidas recomendó implementar programas de primeros auxilios psicológicos, capacitar a docentes y personal administrativo para detectar señales de alerta, y establecer rutas de atención oportunas para estudiantes que presenten dificultades emocionales.
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El especialista sostuvo que personas que trabajan en áreas como bibliotecas, mantenimiento o vigilancia también pueden detectar situaciones de riesgo psicoemocional si reciben capacitación adecuada.
Así, se incrementa la probabilidad de canalizar a quienes lo necesiten antes de que se desarrolle una situación grave.
En el caso de hechos como el ocurrido en Michoacán, el doctor Tena Suck advirtió que suelen existir señales previas que no son detectadas a tiempo.
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“Hubo antecedentes, hubo situaciones que se pudieron haber detectado y atendido. No tenemos que esperar a que sea una situación tan dramática o mortal para poner el énfasis en la salud mental”, afirmó en declaraciones a Prensa Ibero.
Caso Osmar ‘N’
Osmar “N”, un adolescente de 15 años, será juzgado por feminicidio y portación de arma de fuego tras asesinar a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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El ataque, ocurrido dentro del plantel, fue captado por cámaras de vigilancia y evidenció que se trató de una agresión directa: el menor ocultó un rifle AR-15 en una funda de guitarra y disparó a las víctimas al ingresar.
Familiares de las maestras, identificadas como María del Rosario “N” y Tatiana “N”, exigieron justicia e incluso se cuestionó si el responsable debe ser juzgado como adulto.
El arma utilizada no contaba con registro, pese a que el padrastro del menor es miembro de la Marina.
Por su edad, la pena máxima para el adolescente podría ser de tres años de prisión. Las autoridades presentarán videos y testimonios para determinar la vinculación a proceso.
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