La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no acusar a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Por el contrario, buscarán la negociación para lograr una salida anticipada del caso a través del apego a un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado, es decir, que la exfuncionaria acepte su culpabilidad por el delito.
En la audiencia celebrada este miércoles 10 de febrero, la Fiscalía presentaría su acusación formal en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social por haber cometido omisiones que permitieron el desvío de alrededor de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, con la decisión, Ganther Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur, fijó el 26 de febrero, a las 10:00 horas, una audiencia para informar sobre los acuerdos alcanzados.
De esa forma, gracias a que la aceptación por parte de la FGR, a través de la agente del Ministerio Público de la Federación Mónica Martell, se realizó en medio de la audiencia, la disposición de la FGR para entablar el diálogo adquirió formalidad. En ese sentido, Ganther Villar emplazó al Ministerio Público un lapso de cinco días para que la propia FGR se acerque a Robles y lo notifique al juez, toda vez que se encuentra al interior del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
Por su parte, debido a que las declaraciones quedaron documentadas en audio y video, el juez reiteró a la agente del Ministerio Público la relevancia de su voluntad. Con ello, ahora cuenta con la obligación de acercarse directamente con Rosario Robles, es decir, sin intermediarios, para entablar el diálogo y concretar los acuerdos.
La exfuncionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no asistió a la audiencia de este miércoles. De acuerdo con su representante legal, Epigmenio Mendieta Valdés, Robles decidió no acudir al acto debido a que ha presentado episodios de hipertensión arterial, así como una afección en el nervio ciático, derivado de una caída, que la han obligado a requerir asistencia médica recurrente en las últimas semanas.
Aunque la más reciente decisión abre la posibilidad de dar por concluido el proceso penal, Robles Berlanga aún tendría que enfrentar otros cargos. En noviembre de 2020, un juez Federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Algunos días después, la misma ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) hizo saber sus intenciones de colaborar con la FGR bajo la figura de testigo. De esa forma, también podría declarar en contra de otros funcionarios como el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa, y su participación en el caso de desvío conocido como “La estafa maestra”.
De hecho, algunas semanas antes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que Robles enfrentaba su proceso en prisión, pues no había querido cooperar como lo manifestó Emilio Lozoya.
“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos (contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y ex colaboradores del gabinete) de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentado, él está pidiendo eso”, declaró.
En ese sentido, gracias a que la figura de criterio de oportunidad se encuentra incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina del 18 de agosto de 2020 que “Sí, ya se le dio el beneficio al señor Lozoya, debe aplicarse a todos”.
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