Nueva reforma eléctrica de AMLO aumentará tensiones comerciales con EEUU: Financial Times

La iniciativa modificaría la Ley de Industria Eléctrica busca ajustar principalmente el sistema de despacho de generadores eléctricos.

Estados Unidos ha advertido a México con anterioridad que los intentos de favorecer a empresas energéticas estatales pondrían en riesgo cientos de millones de dólares. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)
Estados Unidos ha advertido a México con anterioridad que los intentos de favorecer a empresas energéticas estatales pondrían en riesgo cientos de millones de dólares. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

La iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica podría generar tensiones entre México y Estados Unidos, advirtió el periódico británico Financial Times.

El objetivo principal de la propuesta es la de reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en mayor medida que a las energías limpias y empresas privadas del sector en el país.

De aceptarse esto “cambiaría el orden en que se envía la electricidad a la red nacional, lo que enviaría la electricidad a la red nacional, mientras que los inversores privados tendrían que permanecer en el final de la cola”,

Un ex funcionario del sector energético que no fue identificado por el medio dijo que las inversiones de privados generan 41 millones de dólares, pero la nueva propuesta podría poner en riesgo al sector. Por otro lado, expertos han pronosticado que se “desencadenaría demandas, incluso en virtud del tratado de libre comercio del T-MEC con Estados Unidos y Canadá”.

"Aunque este proyecto de ley no mencione expropiación y nacionalización”, señaló un experto del medio (Foto: Cuartoscuro)
"Aunque este proyecto de ley no mencione expropiación y nacionalización”, señaló un experto del medio (Foto: Cuartoscuro)

El periodista Jude Webber recalcó que Estados Unidos ha advertido a México con anterioridad que los intentos de favorecer a empresas energéticas estatales pondrían en riesgo cientos de millones de dólares.

Recordó que en enero el gobierno estadounidense envío una carta firmada por el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que advertía que estaban “obligados a insistir en que México cumpla sus obligaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Las acciones de López Obrador hacia el sector energético, señaló el director general del Financial Times Consulting, tiene efectos expropiatorios “aunque este proyecto de ley no mencione expropiación y nacionalización”.

Entre las propuestas más controversiales se encuentra la suspensión de la subastas de compra energética a largo plazo. Sobre ello, el consultor de energía Ramses Peach dijo al diario que esto “dejaría la puerta abierta a la corrupción, ya que solo sería la CFE la que contrataría”.

Sin embargo, López Obrador ha insistido constantemente en que las leyes energéticas que rigen al país dejaron “en ruinas” a la CFE. Especialmente señala a la reforma impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto” fue “un fraude” que permitió el suministro de terceros.

La iniciativa buscaría favorecer a la CFE (Foto: Reuters/Daniel Becerril)
La iniciativa buscaría favorecer a la CFE (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Como argumento para fundamentar la iniciativa, López Obrador indicó que “en el marco de la política neoliberal o neoporfirista”, se impuso “un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares” y “despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

En particular, la reforma a la Ley de Industria Eléctrica busca ajustar el sistema de despacho de generadores eléctricos. Este privilegiaría la energía producida por las plantas hidroeléctricas, en primer lugar y, en segundo término, las plantas de la CFE.

“Se despacharán las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, los ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía, amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, precisaron.

Señala también que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.

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