
Un juez federal en México otorgó el primer amparo de su tipo a empresas de energías limpias para frenar el aumento en las tarifas que pagan estas compañías para hacer uso de la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eólica Tres Mesas y Eólica Tres Mesas 2″, indicó en un fallo consultado por Infobae México del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país.
El amparo, precisa la resolución, es “en contra de la RES/893/2020 y el Aviso por el que se dan a conocer los Cargos por el Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente por nivel de tensión, a precios de 2018″ publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio pasado.

Sin embargo, los efectos del amparo todavía no han sido publicados por el juzgador federal hasta ahora, por lo que se desconocen los alcances de la protección que tendrán las compañías y la afectación general que sufrirá el aumento que decretó la CFE y que fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Esta decisión del juzgador se suma a una que ya había tomado el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones a principios del pasado julio.
En aquel momento, los magistrados revocaron la decisión de un juez que había denegado detener el aumento en las tarifas que pagan empresas de energías limpias para hacer uso de la red de transmisión de la CFE y concedió la suspensión provisional a una compañía que se había inconformado.

Sin embargo, sí debe pagar las tarifas derivadas que le corresponden a la compañía Eólica el Retiro, S.A.P.I. de C.V. sin considerar el “tarifazo”. Además, el Tribunal precisó que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, “están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables” y, para no generar un vacío normativo durante la aplicación de la medida cautelar, deberán aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de los aumentos.
Los incrementos en los precios, argumentaron los magistrados, sobre todo con aumentos tan altos, calculados hasta en un 900% de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), “tienen un impacto inflacionario no solo en el costo de la generación de energía, sino también en todos los bienes o productos finales e intermedios con los que se encuentren relacionadas” las centrales eléctricas de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable.
Estos incrementos, advirtieron, no los absorberán los titulares de dichos contratos, sino que los trasladarán a los usuarios finales de cada bien o producto con que se encuentren relacionados. “Este efecto inflacionario abrupto podría ocasionar una serie de consecuencias que trasciendan no solo a dichos titulares, como la inviabilidad de proyectos, la falta de capacidad para competir en sus mercados”, detalló en su momento el Tribunal.

Además, indicaron que otro efecto de este incremento “abrupto” y no progresivo en los cargos por el servicio de transmisión eléctrica podría ser que los interesados en ingresar al sector eléctrico para generar electricidad con fuentes de energías limpias ya no lo hagan o que los que se encuentran operándolo abandonen sus proyectos, “lo cual es preferible evitar para cumplir con la transición al uso de tecnologías y combustibles más limpios”.
Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto un frente en el sector energético en los últimos meses, sobre todo a través del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y la Secretaría de Energía (Sener), que publicaron acuerdos para bloquear la llegada de empresas de energías renovables al mercado eléctrico mexicano, además de los aumentos de la CFE, calificados por sus críticos como “electrolinazos”.
La actual administración busca fortalecer a sus empresas productivas, Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE, pero las compañías privadas han respondido con una lluvia de amparos, muchos de los cuales han surtido efectos en distintos niveles.

Apenas a mediados de noviembre, la administración de López Obrador recibió un nuevo y contundente revés en los juzgados: Greenpeace obtuvo un amparo contra dos decretos energéticos que impedían la entrada de proyectos de energías limpias al sistema eléctrico del país.
“Greenpeace México ganó el amparo en contra del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía”, precisó la organización en un comunicado.
“La sentencia del Juzgado invalida la totalidad de ambos instrumentos jurídicos, con lo cual se elimina el bloqueo a los proyectos de energía renovable a cualquier escala”, destacaron.
La organización además aseveró que esta decisión abre la posibilidad para que la Sener dé un giro en su política energética y apueste por energías renovables en lugar de seguir favoreciendo los combustibles fósiles. “Esperamos que su titular Rocío Nahle acepte reunirse con nosotros para escuchar las propuestas de la sociedad civil”, concluyó el experto.
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