La familia de Julio César lo buscó por años, pero su cuerpo había sido donado al IPN: hoy la FGJCDMX les pidió perdón

La familia de Julio César Cervantes Cabañas pasó más de tres años buscándolo tras su desaparición en 2021, sin saber que su cuerpo había sido donado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

Este 6 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una disculpa pública y reconoció las omisiones y fallas en la investigación, la búsqueda y la identificación de la víctima, cumpliendo así la Recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Desaparición y búsqueda sin respuesta

Julio César Cervantes tenía 49 años y vivía con discapacidad mental desde un accidente a los 18 años. Desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón.

Ese mismo día, su madre, Laura Cabañas, denunció la desaparición ante el Ministerio Público. Desde un inicio, advirtió que la ausencia de Julio César podría estar relacionada con una amenaza en su entorno y señaló a una persona como posible responsable. Sin embargo, la agente del MP no investigó esa línea y, según relata la madre, se limitó a aceptar las declaraciones de la persona señalada, sin profundizar en otras hipótesis ni dar seguimiento a sus advertencias.

Durante más de tres años, la familia participó en diligencias y búsquedas junto al colectivo Una Luz en el Camino.

Fue hasta enero de 2024 cuando el cuerpo de Julio César fue hallado en un camellón de Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). La fecha exacta de su muerte no se ha establecido, ya que permaneció desaparecido desde septiembre de 2021. La madre no fue notificada oficialmente del hallazgo. Tiempo después, personal del Instituto Nacional Electoral cotejó huellas digitales y localizó el expediente. La madre recibió la notificación casi un año después de que el cuerpo fue encontrado.

Cuando la madre acudió al Incifo, le informaron que el cuerpo había sido donado al IPN por un convenio y le sugirieron “dar gracias a Dios” porque no fue enviado a fosa común, según entrevistas que ha brindado a medios de comunicación.

Al recibir el cuerpo, denunció que estaba “lleno de reactivos, sin tráquea y sin lengua”. La familia sostiene, con base en una investigación pericial independiente, que Julio César fue torturado antes de morir. “Yo creo que lo dejaron morir de hambre, tenía golpes, quemaduras de cigarro y señales de que estuvo amarrado de pies y manos”, dijo la madre.

La madre denunció la falta de canales de comunicación y coordinación dentro de la Fiscalía. Incluso relató que las autoridades la cuestionaban como si estuviera loca: “Me preguntaban si me constaba... como si yo misma lo hubiera visto”.

Laura Cabañas, madre de Julio César, expresó que su hijo fue víctima de dos desapariciones: una física y otra administrativa.

Disculpa pública: reconocimiento de fallas institucionales

El acto de disculpa pública por parte de las autoridades finalmente se realizó en instalaciones de la CDHCM la tarde del miércoles 6 de mayo.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, no estuvo presente; la disculpa fue ofrecida por el coordinador jurídico y de derechos humanos, Omar Gutiérrez Lozano. Estuvieron presentes los padres de Julio César, Laura Cabañas Arriola y Leobardo Cervantes Ángeles, además de Miriam Jaqueline Palmeros Rosas, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, y Michel Cervantes Padilla, representante legal de la familia.

La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, sostuvo que el caso de Julio César revela una “desaparición administrativa”, cuando los cuerpos están bajo resguardo institucional pero no se articulan registros para restituir identidad y dignidad.

“Julio César no es un expediente o una carpeta de investigación. Es una persona con dignidad, con historia, con familia, con afectos y con derechos. Su nombre nos convoca hoy en este acto de memoria y de verdad”, mencionó.

La madre de la víctima aceptó la disculpa, pero exigió que se traduzca en cambios reales: “Las palabras deben ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la Fiscalía y medidas de no repetición para que nunca más ninguna familia tenga que pasar por lo mismo”.

Durante la disculpa, Omar Gutiérrez Lozano reconoció públicamente la responsabilidad institucional y afirmó: “Este acto tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional, reconocer el daño causado y comprometernos a seguir trabajando en modificar y transformar nuestras prácticas institucionales”.

La Fiscalía reiteró su compromiso de colocar a las víctimas y sus familias en el centro de su actuación, así como de fortalecer capacidades institucionales para garantizar la justicia, dentro de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.