Entre licencias y amparos: qué ha pasado a una semana de las acusaciones de EEUU contra Rocha Moya y su círculo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el pasado 29 de abril al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En menos de una semana, el gobierno sinaloense quedó desarticulado: tres funcionarios activos pidieron licencia y un exfuncionario obtuvo un amparo para frenar su detención, ello mientras las autoridades estadounidenses advierten que podrían venir más acusaciones contra otros presuntos narcopolíticos.

La acusación, contenida en un documento de 34 páginas presentado ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, detalla una presunta red de corrupción que habría operado durante más de una década.

A los diez señalados se les imputan cargos de conspiración para importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, protección a líderes del cártel y filtración de información confidencial al crimen organizado.

Esta es una cronología de la turbulencia que han tenido las acusaciones en una semana.

28 de abril

A las 18:00 horas del 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez documentos de la Embajada de Estados Unidos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de los diez ciudadanos mexicanos.

La SRE turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR). El proceso era confidencial; Washington lo haría público al día siguiente.

29 de abril

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York levantó el sello del expediente y difundió los cargos. El embajador Ronald Johnson los anunció y afirmó que es lo que “nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera merecen”.

Los cuatro funcionarios activos señalados fueron Rocha Moya; el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa; el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra, y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

Los seis exservidores públicos incluidos en la acusación fueron Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la FGE; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando de la Policía Municipal de Culiacán.

Según la acusación, los funcionarios habrían ordenado a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía de Investigación de la FGE y a la Policía Municipal de Culiacán proteger cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en tránsito hacia Estados Unidos. A cambio habrían recibido miles de dólares.

Ese mismo día, la FGR anunció que abriría una investigación. El fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara , advirtió que la solicitud de Estados Unidos “no se acompaña de elementos probatorios suficientes” y que en los casos de Rocha Moya e Inzunza se requeriría un juicio de procedencia para retirarles el fuero.

Rocha Moya publicó en X que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno” y las calificó de ataque a la Cuarta Transformación.

Horas después confirmó que ya había hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada”, dijo ante medios de comunicación.

30 de abril

En La Mañanera del Pueblo, la presidenta fijó la postura del gobierno federal: si la FGR recibe “pruebas contundentes e irrefutables”, los acusados serán procesados en México. Sin pruebas, dijo, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. Reprochó a Washington haber hecho público un proceso que debía ser confidencial y calificó de “desafortunadas” las declaraciones del embajador Johnson.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, puntualizó Sheinbaum.

Ese mismo día, Rocha Moya declaró desde Navolato que no tenía “nada qué temer” y que se sentía “una persona limpia completamente”. Sobre los otros nueve acusados, dijo que no podía “dar la cara por nadie”.

1 de mayo

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aclaró en conferencia que la solicitud de Estados Unidos no es un proceso formal de extradición, sino una detención provisional regulada por el artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral. El problema, explicó, es que el pedimento “no tiene ninguna referencia, ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia” que acredite urgencia ni riesgo de fuga. La SRE solicitó formalmente a Washington las pruebas correspondientes.

Esa noche, Rocha Moya anunció su solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado. “Lo hago desde mi profunda convicción republicana”, dijo, y agregó que la medida busca “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”. Insistió en que las acusaciones son “falsas y dolosas”.

Horas después, Juan de Dios Gámez Mendívil también solicitó licencia. El Cabildo de Culiacán la aprobó de inmediato y la síndica municipal Ana Miriam Ramos Villareal asumió como alcaldesa sustituta.

2 de mayo

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia de Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina con 33 votos a favor, 3 en contra del PRI y 2 abstenciones del PAN. Bonilla rindió protesta desde la tribuna. “La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse de frente a los tiempos de la adversidad”, declaró.

Las diputadas priistas que votaron en contra argumentaron que designar a alguien del mismo grupo político “no rompe la crisis, la prolonga”.

Ese mismo día, desde Badiraguato, Inzunza publicó en X que regresaría a la Comisión Permanente del Senado el 6 de mayo y que refutaría “todas las falsedades” en su contra. Descartó pedir licencia.

4 de mayo

La consejera jurídica de Sheinbaum, Luisa María Alcalde, explicó que si Estados Unidos acredita la urgencia, un juez de control deberá resolver si procede la detención, lo que abriría un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. Sin ese paso, el proceso queda en espera.

Desde Culiacán, el secretario Omar García Harfuch descartó que Rocha Moya sea blanco de ataques y confirmó que el Gabinete de Seguridad le asignó una escolta por su historial como gobernador y el contexto de violencia en el estado.

5 de mayo

El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra presentó su solicitud de licencia sin goce de sueldo. La fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo había reconocido apenas horas antes que se analizaba su separación para no interferir en las investigaciones.

Según la acusación estadounidense, Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales a cambio de proteger a integrantes de Los Chapitos y filtrar información sobre operativos, incluyendo desarticulación de laboratorios y detenciones.

Ese mismo día, la calificadora Moody’s Local México modificó la perspectiva crediticia de Sinaloa de “Estable” a “Negativa”, citando el incremento del riesgo de acceso a financiamiento bancario de corto plazo. El estado mantenía un saldo de 2 mil 216 millones de pesos en créditos de corto plazo a marzo de 2026.

Morena descartó abrir un proceso interno contra Rocha Moya. La secretaria general del partido, Carolina Rangel, informó que la Comisión de Honestidad y Justicia solo actuará si la FGR determina responsabilidades.

Esa noche, el secretario de organización del partido, Andy López Beltrán, exigió pruebas al periodista Carlos Loret de Mola tras una columna que señalaba que él y su hermano Bobby habrían recibido dinero de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y uno de los acusados.

6 de mayo

Enrique Inzunza no se presentó a la sesión de la Comisión Permanente pese a haberlo prometido cuatro días antes. Justificó su ausencia en X: “No le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”.

El Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán concedió al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez un amparo que suspende “de plano y de oficio” cualquier orden de detención, extradición o aseguramiento en su contra. La protección tiene vigencia hasta el 1 de junio, fecha de la audiencia constitucional.

En Sinaloa, José Roberto Quiñonez Coronado rindió protesta como nuevo encargado de la Vicefiscalía General en sustitución de Castro Zaavedra.

Ese mismo día, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Wallace Blanche, declaró en entrevista para News Nation que el Departamento de Justicia “seguirá” acusando a funcionarios mexicanos con vínculos con el crimen organizado. Atribuyó los avances en las investigaciones a la “cooperación de los detenidos” tras extradiciones previas.

“Queremos que teman que, si los detienen, van a terminar en Chicago, Nueva York, San Diego o Texas”, afirmó Blanche. Calificó la relación bilateral como “buena”, pero condicionada a la cooperación en narcotráfico y migración.

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