“El gobierno no responde”: batalla legal se intensifica frente a política de AMLO contra energías limpias

La política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de sectores que más impugnaciones ha recibido desde su llegada al poder en 2018, pero se ha intensificado sobre todo este año y en los últimos meses en particular, tras la publicación de diversos decretos y programas que ciudadanos y organizaciones civiles han combatido.

Esto ha sido en parte debido a que el sector ciudadano no ha estado ni siquiera invitado a la mesa de las decisiones y porque, en opinión de los demandantes, la política energética ha desestimado a las energías renovables para fortalecer sus contrarias: aquellas que son contaminantes.

“Desde la entrada de la nueva administración hemos buscado contactarlos con nuestras inquietudes y hasta ahora no hemos tenido respuestas, los espacios son muy acotados. Seguimos buscando la vía para dialogar pero hasta ahora no hemos tenido éxito”, señaló Pablo Ramírez Granados, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, a pregunta expresa de Infobae México.

El experto, junto a varios representantes de organizaciones como Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA) y Cambio de Ruta, ofrecieron una conferencia de prensa virtual para dar a conocer el estado de los litigios contra el gobierno mexicano.

Y es que este martes, Greenpeace consiguió quizá su mayor victoria en los juzgados: su demanda de amparo consiguió que un juez federal determinara la suspensión definitiva de algunas partes del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener) del gobierno federal, específicamente las referentes a las energías limpias.

La intención de la administración de López Obrador, con el Prosener y con decretos anteriores, es fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para impulsar la energía nacional.

Por ello, el juzgador suspendió, hasta que se resuelva el juicio de amparo, a todos los objetivos, estrategias, acciones específicas y “todo aquello que se oponga al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético”, de acuerdo con los estrados consultados por este medio.

“La política del Prosener nos lleva a una dirección donde las tecnologías son altamente ineficientes y costosas, hay impactos en la salud. En 2018, ya incumplimos la meta de tener un 25% de energía limpia produciéndose en el país: para julio de 2020, apenas teníamos el 23.4%”, explicó Ramírez Granados.

Ante esta situación, explicó Luis Miguel Cano, abogado consultor de Greenpeace, la opción que se imponía era el camino judicial. “En una frase, nadie está por encima de la Constitución", aseveró. Por ahora, además del Prosener, están detenidos los dos decretos que frenaban a empresas de este giro ingresar al mercado eléctrico nacional publicados en abril y mayo.

Además de los amparos de Greenpeace, Cambio de Ruta también interpuso 24 impugnaciones del mismo tipo en la misma cantidad de estados de la República: cuatro de ellas están en trámite en Aguascalientes y Chihuahua, así como dos que fueron enviados a la Ciudad de México desde Guanajuato y San Luis Potosí.

“Se ha comprobado que el cuidado al entorno debe tener tres ejes: activismo jurídico, pero también activismo científico y activismo social: un círculo virtuoso para generar conscientización”, explicó Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta, organización ambientalista radicada en San Luis.

Además, hay una demanda en proceso en Baja California Sur, que tiene un sistema eléctrico independiente al del resto de la República. En este caso, el amparo fue admitido, la suspensión provisional negada y una suspensión definitiva en juego en las próximas semanas.

“Se trata de ciudadanos de cuatro municipios que buscan que el abasto esté garantizado y que se utilicen energías limpias”, explicó Jaqueline Valenzuela Meza, directora de CERCA, la organización que acompaña estos esfuerzos.

“Por eso desde el gobierno también se han dado mensajes que ahora juegan con la posibilidad de una nueva reforma energética”, añadió el abogado, en referencia a los reportes sobre una iniciativa presidencial en ese sentido para 2021.

Cano recordó también que, a pesar de esta defensa del derecho al acceso a energías limpias para la población, ninguna de las organizaciones comparte la “lógica extractivista” de algunas empresas del sector, que han pasado por encima de comunidades para imponer sus proyectos. Valenzuela Meza añadió:

Por último, Mario Sánchez Castro, director regional del CEMDA para la oficina Noroeste, coincidió en la necesidad de defender los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales vinculantes en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático, imposibles de cumplir si se mantiene el actual modelo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA