
El Senado de la República anunció este miércoles que pausará de manera temporal la iniciativa enviada desde la Cámara de Diputados en la que se amplían las atribuciones de la Secretaría de Marina en los puertos mexicanos en lo que los críticos han señalado como una “militarización" del sector.
Los senadores presidentes de las comisiones que se encuentran estudiando el dictamen enviado por la Cámara Baja, es decir, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos, Segunda, anunciaron que acordaron realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para discutir el documento antes de enviar el documento al Pleno para su discusión y votación.
La decisión fue anunciada un día después de que integrantes de diversos sectores afectados se manifestaran en las afueras del Senado e impidieran llevar a cabo la sesión del Pleno del martes junto a otras protestas.

La presidenta de la comisión de Gobernación Mónica Fernández, de Morena, el partido de la mayoría, detalló que el Parlamento Abierto se realizará de forma virtual debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
“Tomamos el acuerdo con el propósito de valorar opiniones de politólogos, académicos, servidores públicos, expertos en la materia y la ciudadanía en general”, explicó. Se sumó el presidente de la comisión de Marina, Eruviel Ávila (PRI, Partido Revolucionario Institucional), y la morenista Ana Lilia Rivera.
“Queremos que se escuchen todas las voces, que nos den las herramientas, los elementos, los argumentos en relación a la minuta que se discute”, resaltó Ávila, en referencia al proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos.

La senadora Rivera coincidió. “Estamos dispuestos a escuchar todas las voces y decirles que el Senado no legislará nada donde la gente no tenga la oportunidad de participar. Este Parlamento Abierto será de gran importancia para construir un proyecto legislativo que le sirva a México y a la gente”, precisó.
Los legisladores informaron que el Parlamento Abierto para debatir este tema se llevará a cabo el próximo viernes, 16 de octubre, a partir de las 10 horas (tiempo del centro de México). Fuentes de Morena en el Senado confirmaron a Infobae México que los manifestantes de la marina mercante que protestaron este martes en las afueras del recinto sí participarán.
Las protestas contra la militarización de puertos, entregaron a algunos senadores un pliego petitorio este martes, donde los abajo firmantes se presentaron “en representación de las distintas organizaciones sindicales, gremiales y de colegios de marinos mercantes, todos integrantes del sector marítimo nacional”.

“Por medio del presente escrito, manifestamos nuestra preocupación y rechazo por las nefastas consecuencias que para el comercio marítimo de nuestro país país traerían la aprobación por parte del Senado de la minuta (en cuestión)”, señalaron.
En el pliego petitorio, pidieron que se llevara a cabo un Parlamento Abierto, el cual ya han conseguido este miércoles, y que “todo lo manifestado en dicho posicionamiento debe ser considerado para rechazar la minuta que militariza los puertos y la marina mercante”.
También buscan que la educación pública a cargo de las escuelas náuticas mercantes “debe conservarse en ámbito civil y no debe militarizarse”. Además, le pidieron a los senadores que, eventualmente, la votación se realice de forma razonada “y no por consigna del Ejecutivo Federal”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue quien propuso la iniciativa, duramente criticada, incluso al interior de su gobierno. Hace un par de semanas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, que, en síntesis, se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina (Semar).
El dictamen enviado al Senado también amplía la facultad a la Semar para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante, además de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.
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