Amnistía Internacional denunció incumplimiento del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las mujeres

Este jueves Amnistía Internacional (AI) México emitió un comunicado en el que señaló la falta de avance significativo del Estado mexicano en materia de feminicidio, alerta de violencia de género y la desaparición de mujeres y niñas.

De acuerdo con este comunicado, en 2018 la organización, en conjunto con el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), crearon una serie de recomendaciones en estos temas para que la violencia contra la mujer disminuyera.

AI explicó que reconoce el interés de las autoridades del país para hacer avances dentro del respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. No obstante, evidenció que el diseño e implementación de políticas públicas tiene problemas, lo que impide que se cumplan las recomendaciones.

Agregó que “la asignación de recursos y el excesivo uso del derecho penal” han disminuido la capacidad del estado para lograr cambios reales.

En materia de feminicidio AI y CEDAW recomendaron tipificar el feminicidio como un delito en los códigos penales estatales, acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada en 2007.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en 2015, que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como un posible feminicidio, una gran parte de las instituciones de procuración de justicia no atiende estos precedentes y se convierte en un obstáculo de la búsqueda por la justicia.

Además, AI señaló la impunidad en estos casos como un factor en la persistencia de los feminicidios. Y agregó datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que comprueban esto. Pues de 2015 a 2018 fueron asesinadas en México un total de 12,378 mujeres y únicamente se dictaron 407 sentencias condenatorias por delitos de feminicidios.

La organización entonces hizo hincapié en que se asegure que “todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género y asegure recursos financieros, materiales, técnicos y humanos para que las instancias encargadas de la investigación del delito de feminicidio, a nivel nacional y local, lleven a cabo sus actividades”.

AI advirtió que el gobierno nacional tiene activos 21 protocolos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pero esto no ha sido suficientes. Pues aunque se ha visibilizado la violencia sistemática contra las mujeres y los vacíos legales y de políticas, no ha habido cambios en la violencia feminicida.

También señaló que aunque el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) evaluó las recomendaciones, a la fecha no se ha definido una ruta de trabajo. Existen ambigüedades en la reglamentación de la AVGM, además de ausencia de estrategias e insuficiencia de recursos desde humanos, hasta materiales.

Aunado a esto, el financiamiento de la AVGM se ha agravado por la pandemia del COVID-19 y por las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal. Por lo que AI pidió asegurar un presupuesto para instituciones y programas orientados a promover la igualdad.

Las recomendaciones en el tema de personas desaparecidas, eran agilizar su búsqueda, además de adoptar protocolos específicamente orientados a aminorar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas.

“Al respecto, el movimiento advierte que la desaparición de personas en México es alarmante. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 75.060 personas desaparecidas y no localizadas, en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 4 de septiembre de 2020. De ellas, 18.772 (25.01%) son mujeres”, explicó en el documento.

Durante el 2017 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, AI advirtió que actualmente 17 entidades federativas no han aprobado la legislación, seis aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y siete tienen pendiente designar titular de la comisión local de búsqueda.

En respuesta a las recomendaciones realizadas en 2018, el comunicado informó que el Estado mexicano debe emitir un informe para el año 2022.

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