Amnistía Internacional México presentó 6,013 firmas internacionales ante la Cámara de Diputados para rechazar la reducción de los recursos que se destinarán en 2021 a atender la violencia contra las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad.
En consideración de la organización, el Estado ha fallado en dar respuestas contundentes frente al aumento de los riesgos que viven las mujeres durante la pandemia, particularmente tras el intento de reducir los recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) como medida de austeridad.
De acuerdo con Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, este lunes 5 de octubre la organización sostuvo una reunión con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados. La sesión fue presidida por la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, y en ella se habló principalmente sobre el Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2021, mismo que determina las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres.
“La reunión de hoy mostró que las mujeres de la legislatura están todas en la misma página, en el entendido de que no se pueden hacer recortes presupuestarios al Anexo 13, cuyo objetivo fundacional fue la igualdad, la no discriminación. Las diputadas lo han entendido perfectamente”, consideró Reneaum Panszi en conferencia de prensa.
La directora de Amnistía Internacional México afirmó que, sin importar el partido político, las diputadas representan una importante ala de pensamiento igualitario y que acogieron bien el acercamiento de la organización para dialogar sobre el presupuesto de 2021. “Entendimos que con el tema de presupuesto vamos juntas”, refirió.
Reneaum Panszi explicó que para el próximo año se ampliaron las asignaciones a los programas sociales insignia del gobierno, como Sembrando Vida, y que algunos de ellos figuran en el Anexo 13 sin que se justifique de forma satisfactoria por qué contribuyen a generar igualdad entre hombres y mujeres. Si bien las mujeres son beneficiarias de los programas, eso no quiere decir que los recursos se empleen para combatir la violencia o promover la igualdad.
Por su parte, Wendy Figueros Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, coincidió en que hay programas plasmados en el Proyecto como parte del Anexo 13 que no garantizan la disminución de las brechas de desigualdad ni una vida libre de violencia a las mujeres. Por ello, aunque hubo un aumento del 13% en el presupuesto asignado, no es posible afirmar que será empleado para reducir la desigualdad.
“Dar apoyos económicos a las mujeres no necesariamente significa que hay políticas que atiendan la situación”, explicó. Figuero Morales señaló también que el 2020 todavía no termina y no se tiene información suficiente sobre cómo se está ejerciendo el presupuesto en las CAMIs, refugios y otras entidades, por lo que exhortó al gobierno a transparentar el ejercicio del presupuesto.
Maïssa Hubert Chajour, subdirectora de Equis Justicia, externó su preocupación porque la política de austeridad permanece y porque las medidas que ha tomado el gobierno en materia de movilidad y reducción de servicios del Estado han afectado el acceso a la justicia de mujeres.
Consideró que en 2020 hubo discursos confusos sobre el destino de los programas dirigidos a mujeres, como cuando se anunció que las Casa de Mujeres Indígenas se quedarían sin recursos, orillándolas a cerrar, pedir préstamos o reducir sus servicios; o como cuando se anunciaron recortes a los Centros de Justicia para las Mujeres y después se revirtió la decisión.
Finalmente, Hubert Chajour señaló que los programas sociales impulsados por el gobierno federal tienen un esquema de transferencia directa de recursos a individuos y no están enfocados en fortalecer al Estado, que es lo que se necesita para transformar la situación de las mujeres.
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