“Es una visión setentera”: la batalla legal contra la negativa del gobierno de AMLO de impulsar energías limpias

La política energética del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió otro duro revés este miércoles, cuando su Programa Sectorial de Energía 2020-2024 fue suspendido parcialmente y de manera provisional por un juez federal.

La suspensión provisional abarca todos los objetivos, estrategias, acciones específicas y “todo aquello que se oponga al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético”, de acuerdo con la suspensión provisional otorgada por un juzgador Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México.

“Es importante precisar que todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables”, explica el fallo, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

El amparo fue promovido por Greenpeace México. “Después de estudiar el Programa Sectorial de Energía (Prosener), no hubo gran sorpresa: el gobierno sigue apostando el desarrollo nacional en el sector energético a los combustibles fósiles y el programa da muestra de ello”, explicó a este medio Luis Miguel Cano, abogado consultor de la organización no gubernamental.

Y es que la intención de la administración de López Obrador, con el Prosener y con decretos anteriores, es fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para impulsar la energía nacional.

“En esencia, el gobierno no está tomando en cuenta un elemento que guía todo el sector energético, que es el componente de sustentabilidad. En otras palabras, tiene que cuidar el medio ambiente y la salud de todas las personas”, indicó Cano.

López Obrador, de acuerdo con el experto, ha aprovechado cada oportunidad para delinear su política energética nacional, a la cual califica como “nueva”, enfocada en una apuesta por los combustibles fósiles. “No es lo correcto, lo que se tiene que hacer es cumplir con la Constitución”, indicó.

El artículo 25 constitucional no deja lugar a dudas. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo”, indica su primer párrafo.

Promesas inclumplidas

Cano explicó que en el Prosener la sustentabilidad no está presente en varios de sus secciones. “Hay partes que son retóricas, que dicen que se utilizarán todos los recursos, pero el acento está en las fósiles”, reiteró. Además, recordó que México no va bien en compromisos en materia de cambio climático.

El experto se refirió, por ejemplo, a la Agenda de desarrollo sostenible 2030. “Hay compromisos de ir cambiando la matriz energética hacia las renovables para lograr un desarrollo sustentable y francamente los fósiles traen una contaminación espantosa”, recordó.

“En Greenpeace lo tenemos claro: queremos erradicar la pobreza energética e impulsar el respeto al medio ambiente y el acceso a fuentes renovables. Que nuestro país cumpla con sus compromisos sobre el cambio climático”, dijo. Sin embargo, Cano considera que “la visión del gobierno es diametralmente opuesta”.

Incluso, ahondó, si el gobierno quisiera impulsar la CFE, la Comisión podría impulsar proyectos energéticos con base en energías renovables. “Tiene todo para hacerlo”, diagnosticó. Para Pemex, sin embargo, “hay que pensar en cómo despedirse de ella y quitarse la nostalgia".

El camino por delante

La próxima semana, el juez que frenó el Prosener celebrará la audiencia incidental y el proceso jurídico continuará. Greenpeace buscará obtener ahora la suspensión definitiva, que detendría este esfuerzo gubernamental hasta que el juicio de amparo se resuelva.

La intención, explicó Cano, es que todos, vivan en la ciudad o no, tengan acceso directo a este tipo de energías. “Sobre todo las comunidades, sean originarias o rurales, para que no dependan de las energías que desde el gobierno y sus empresas les provean, sino incluso generar su propia energía”, explicó.

“Es muy distinto tener una mini hidroeléctrica sin desviar el cause de un río y generar energía, que una gran hidroeléctrica que quiere inundar sus pueblos. Es distinto tener celdas fotovoltaicas a tener una termoeléctrica al lado que contamine el aire y sea más de lo mismo”, detalló.

Por ello, Cano aclaró que Greenpeace no defiende las renovables por sí mismas, ya que hay casos de “empresas con lógica extractivista que han pasado por encima de comunidades para imponer sus proyectos”, sino el derecho del acceso directo a fuentes renovables para personas comunes y comunidades originarias.

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