El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no deja de recibir malas noticias en los juzgados. Después de varias derrotas en el sector energético, la administración recibió un nuevo golpe: un juez federal determinó la suspensión definitiva de algunas partes del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener) referentes a las energías limpias.
“La suspensión definitiva se concede (…) dado que preliminarmente se advierte que se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético", indicó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
“La Secretaría de Energía (Sener), como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa, deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas”, añadieron.
Se trata de una lista de objetivos, estrategias, acciones específicas enumeradas dentro del Programa Sectorial mencionado que se oponen al fomento de energías limpias. El juzgador remarcó que todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada, aún en el supuesto de que no hayan sido llamadas como responsables.
“A efecto de no generar un vacío normativo durante la vigencia de esta medida cautelar, se precisa que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa combatido”, precisaron.
El amparo fue promovido por Greenpeace México. “Después de estudiar el Programa Sectorial de Energía (Prosener), no hubo gran sorpresa: el gobierno sigue apostando el desarrollo nacional en el sector energético a los combustibles fósiles y el programa da muestra de ello”, explicó hace un par de semanas a este medio Luis Miguel Cano, abogado consultor de la organización no gubernamental.
Y es que la intención de la administración de López Obrador, con el Prosener y con decretos anteriores, es fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para impulsar la energía nacional.
“En esencia, el gobierno no está tomando en cuenta un elemento que guía todo el sector energético, que es el componente de sustentabilidad. En otras palabras, tiene que cuidar el medio ambiente y la salud de todas las personas”, indicó Cano.
López Obrador, de acuerdo con el experto, ha aprovechado cada oportunidad para delinear su política energética nacional, a la cual califica como “nueva”, enfocada en una apuesta por los combustibles fósiles. “No es lo correcto, lo que se tiene que hacer es cumplir con la Constitución”, indicó.
El experto además aclaró que Greenpeace no defiende las renovables por sí mismas, ya que hay casos de “empresas con lógica extractivista que han pasado por encima de comunidades para imponer sus proyectos”, sino el derecho del acceso directo a fuentes renovables para personas comunes y comunidades originarias.
Este programa no es el único emprendimiento del gobierno de López Obrador para impedir la entrada de energías limpias al país. En abril y mayo, la Sener publicó dos decretos que frenaban a empresas de este giro ingresar al mercado eléctrico nacional.
Dichos decretos han sido combatidos por empresas y organizaciones civiles. Una lluvia de amparos han sido conseguidos de forma individual, pero será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina la constitucionalidad de los acuerdos emitidos por el gobierno federal.
Por ahora, dichos decretos se encuentran suspendidos de manera definitiva hasta que el máximo Tribunal del país resuelva sobre el tema. Una de las suspensiones aplica a nivel nacional, ya que fue impugnada por la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), y otras aplican de forma local en los estados de Jalisco, Colima y Tamaulipas.
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