La funcionaria que lideró la investigación que llevó a la cárcel al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, falleció debido a las complicaciones tras sufrir un accidente automovilístico.
Se trata de la agente del Ministerio Público federal Martha Estela Ramos Castillo, quien luego de la indagatoria fue denunciada por presuntos hechos irregulares en el proceso contra el ex gobernador, reportó el sitio Animal Político.
Ramos Castillo sufrió un percance vehicular hace dos semanas, cuando se dirigía a una diligencia en Tampico, Tamaulipas, de acuerdo con fuentes de Animal Político. La funcionaria federal sobrevivió, pero su estado de salud era delicado, por lo que fue llevada a un hospital en Toluca, Estados de México.
Ramos Castillo falleció esta semana y sus restos fueron cremados el miércoles pasado. Personas cercanas a la ministerio público, reporta el medio, dijeron que padecía hipertensión y al parecer tenía síntomas de COVID-19, sin que fuera confirmado.
La Fiscalía General de la República (FGR) no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la funcionaria.
Ramos Castillo cumplió una década al servicio de la institución y fue quien lideró la integración de la carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Duarte. Durante le proceso, la ministerio público solicitó ante un juez que el procedimiento contra el ex gobernador fuera abreviado. Duarte fue sentenciado a nueve años de cárcel.
Martha Estela Ramos Castillo es señalada por presuntas irregularidades durante el proceso contra Duarte, en particular por la organización de la sociedad civil TOJIL, que presentó una denuncia por posibles actos de corrupción ante la entones Procuraduría General de la República (PGR).
Se le acusó de que la funcionaria pactó con la defensa de Duarte para que el proceso fuera abreviado y la sentencia fuera sólo de nueve años de cárcel. La defensa de la ministerio público dijo que ella no actuó sola en esa decisión sino por órdenes de un superior.
El proceso fue llevado por cuatro ministerios públicos pero sólo a Ramos Castillo se le denunció. En mayo pasado, un tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión para Javier Duarte de Ochoa.
La magistrada Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, consideró legal el proceso penal puesto que el ex gobernador de Veracruz aceptó declararse culpable.
Sin embargo, la magistrada revocó todos los decomisos de las 41 propiedades ligadas a Duarte, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso. Las propiedades se dividen en 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero
Como el período de 9 años comenzó a computarse desde que Duarte fue detenido en abril de 2017, al ex gobernador le restarían casi seis años para recuperar su libertad. Además, una vez que cumpla más de la mitad de su pena podrá iniciar los tramites para que su liberación se lleve a cabo de forma anticipada, aunque eso depende de que los jueces lo avalen.
Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018, fecha en que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso de 41 bienes, entre los que se encontraban 20 parcelas en el estado de Campeche y 20 inmuebles: casas, departamentos de lujo, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y terrenos, que se ubican en Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.
La Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de Ochoa de desviar hacia el erario estatal fondos correspondientes a la Comisión del Agua, organismo independiente, en el año 2014, cuando era gobernador.
En agosto de 2018, la aún Procuraduría General de la República (PGR), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, presentó formalmente la acusación contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esto constituyó una reconfiguración del delito del que se le acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaba una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, quien fue detenido en Guatemala en abril de 2017.
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