Un tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión para Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz que fue acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
La magistrada Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, consideró legal el proceso penal puesto que el exgobernador de Veracruz aceptó declararse culpable.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (Javier Duarte)… Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante un juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sena suficientes e idóneos”, explicó la magistrada.
Sin embargo, la magistrada revocó todos los decomisos de las 41 propiedades ligadas a Duarte, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso. Las propiedades se dividen en 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero
Como el período de 9 años comenzó a computarse desde que Duarte fue detenido en abril de 2017, al exgobernador le restarían casi seis años para recuperar su libertad. Además, una vez que cumpla más de la mitad de su pena podrá iniciar los tramites para que su liberación se lleve a cabo de forma anticipada, aunque eso depende de que los jueces lo avalen.
Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018, fecha en que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso de 41 bienes, entre los que se encontraban 20 parcelas en el estado de Campeche y 20 inmuebles: casas, departamentos de lujo, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y terrenos, que se ubican en Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.
La Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de Ochoa de desviar hacia el erario estatal fondos correspondientes a la Comisión del Agua, organismo independiente, en el año 2014, cuando era gobernador.
En agosto de 2018, la aún Procuraduría General de la República (PGR), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, presentó formalmente la acusación contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esto constituyó una reconfiguración del delito del que se le acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaba una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, quien fue detenido en Guatemala en abril de 2017.
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