Más de cien restos óseos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero, durante las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014, no han sido tomados en cuenta durante las actuales investigaciones.
De acuerdo con el diario Milenio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dejado de lado pruebas que pueden revelar cuál fue el destino de los estudiantes.
El diario señala que en 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la necesidad de que se analizaran 114 restos humanos encontrados en el basurero de Cocula en octubre de 2014. Algo que la entonces Procuraduría General de la República no hizo, y sobre lo que hasta ahora la FGR no ha hablado.
Los 114 restos a los que se refiere la CNDH tras haber investigado el caso, se componen de 90 fragmentos óseos que el organismo revisó macroscópica y morfológicamente, y recomendó enviarlos al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck para obtener su perfil genético y confrontarlo con las identidades de los estudiantes.
El medio recordó que en 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) participó en el estudio de restos recuperados por peritos de la PGR en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, pero después de que en 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso “vulneración de las evidencias”, el EEAF denunció que el tiradero no fue custodiado, lo que pone en duda el origen de los restos.
En más de una ocasión, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como sus abogados, han descalificado las evidencias recabadas por peritos de la PGR en el río al decir que se trató de un montaje de Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para dar fortaleza a la verdad histórica.
El GIEI reveló que Zerón de Lucio, participó en una diligencia en el río sin el resguardo de la escena del crimen y sin que fuese declarada en la carpeta de investigación.
Ahí fueron encontrados 38 porciones petrosas de hueso temporal, en la parte trasera del cráneo, 26 cóndilos o uniones de mandíbulas, 12 huesos ganchosos, partes pequeñas de la muñeca y 14 huesos semilunares, similares a los huesos ganchosos. Además, otros 21 fragmentos óseos y odontológicos, conformados por 10 dientes o partes de ellos y 11 fragmentos de huesos de mandíbula.
Otro grupo se compone de dos porciones petrosas del hueso temporal, que es la parte baja de la zona trasera del cráneo, que pesan 6.1 y 9.1 gramos. Según la CNDH, están en fases que permiten un estudio genético, como el del grupo de huesos anterior. Los estudios preliminares muestran que estas dos porciones no son de una misma persona.
El medio destaca que la última porción petrosa a la que se refiere la recomendación de la CNDH se recuperó en el basurero de Cocula y está detallada en un informe forense de otra diligencia de restos en ese tiradero. Así suman 114 restos que la Comisión pidió estudiar para determinar si corresponden a algunos de los estudiantes desaparecidos.
La CNDH detectó irregularidades y fallas en la investigación de la PGR, además de violaciones de derechos humanos, pero también señaló que hay pruebas científicas que construyen narrativas de lo que sí sucedió con los jóvenes, como que al menos dos de los estudiantes estuvieron en el basurero y que los restos de uno sí fueron a dar al río San Juan.
También aspectos relacionados con posibles móviles de los hechos e incluso la autoría intelectual del crimen. Determinó de igual manera una ruta de desaparición adicional para un grupo de entre 15 y 20 normalistas, que difiere del último destino de los normalistas en la llamada verdad histórica.
Señaló que pudieron ser secuestrados, llevados a un lugar detrás del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente a Huitzuco en patrullas municipales y entregados a alguien conocido como “El Patrón”.
La CNDH refirió que dos testimonios de presuntos sicarios son legalmente válidos y fueron obtenidos en presencia del GIEI y de representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: el de los de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, que confirmaron que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 el grupo criminal Guerreros Unidos secuestró en Iguala a un grupo de jóvenes, los asesinó y los incineró.
Ellos señalaron que el líder del cártel en Iguala era Gildardo López Astudillo “El Gil”, quien, de acuerdo con intercepciones de comunicaciones del gobierno estadunidense, conocidas como “chats de Chicago”, estuvo involucrado en la desaparición de los jóvenes e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos descubrió que es uno de los interlocutores con el pseudónimo de “Romeo”.
Señaló que dos recolectores de basura declararon que el 27 de septiembre de 2014 vieron a al menos cuatro personas con armas largas en el basurero de Cocula. Uno de ellos identificó a dos, a Jonathan y a “El Pato”. El otro sujeto lo confirmó y dijo que ubicaba perfectamente a uno de ellos como Jonathan, porque es su sobrino.
De los restos recuperados en el vertedero y el río el 12 de noviembre de 2014, 17 muestras óseas fueron elegidas para ser analizadas en Innsbruck. Primero se confirmó vía nuclear, la más certera, y vía mitocondrial con secuenciación masiva paralela de ADN, que una parte de un cráneo correspondía a uno de los normalistas: Alexander Mora Venancio.
Poco después, a través de la secuenciación masiva paralela que se establece a partir de la familiaridad, se determinó una correspondencia de otros restos óseos con la línea familiar materna de Jhosivani Guerrero de la Cruz. Fueron encontrados tanto en el basurero como en el río San Juan, lo cual confirmaría que estuvo en ambos lugares.
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