El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que analiza la posibilidad de proponer una reforma constitucional en la segunda mitad de su mandato para fortalecer a las empresas estatales del sector energético, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad CFE.
El mandatario dijo que, de ser necesario, enviaría la propuesta al Congreso, al ser consultado en su rueda de prensa diaria si analiza una contrarreforma a las leyes aprobadas durante la administración de su antecesor, Enrique Peña, para abrir a empresas privadas el estratégico sector energético.
"Vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la CFE" y así "hacer valer el interés nacional, sin modificación a la ley", dijo el mandatario.
No obstante, agregó que si no se lograra rescatar a Pemex y CFE en primera instancia, se evalúa presentar una “iniciativa de reforma constitucional”.
Aunque al momento no se está contemplando dicha reforma, "sería regresar a lo que había con ajustes y con la nueva circunstancia al dominio de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y la CFE".
El mandatario remarcó que el propósito de la anterior reforma era "destruir" a estas dos compañías estatales.
Puntualizó que con el actual marco jurídico se puede rescatar a estas dos empresas -muy endeudadas- y revisar contratos de energía con "subsidios" y sobrecostos.
“Pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y la CFE no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución”, indicó.
Puntualizó que ello sería después de 2021, cuando se cumplan tres años de gobierno.
"No lo haríamos ahora, hasta el tercer año, que es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años, y si hace falta hacer la reforma constitucional la emprendemos en la segunda mitad del Gobierno", subrayó.
El año próximo, recordó, hay elecciones intermedias y en 2022 una consulta sobre la revocación del presidente.
El sector energético mexicano vive desde hace meses a la expectativa de ciertas decisiones gubernamentales.
En mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que acumula varios amparos en su contra.
Dos semanas después, la Secretaría de Energía estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de "confiabilidad" que creó confusión.
La nueva política, publicada el 15 de mayo, afecta a inversiones por valor de USD 30,000 millones en 18 estados, con un impacto total del 14% del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Y el 15 de julio,el Gobierno de México anunció que cancelaba cuatro licitaciones públicas para la construcción de plantas de producción de energía.
EFE
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