
La labor que se realiza México en la prevención de un delito como es la trata de personas no cumple con los estándares mínimos, de acuerdo un estudio elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque parte de los esfuerzos están dirigidos a investigar y enjuiciar a más personas que cometen dicho delito bajo un nuevo sistema acusatorio.
Por otra parte, reconoció lo hecho por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el combate de la trata.
En la edición número 20 del Trafficking in Persons Report se advierte que el gobierno federal condenó a menos traficantes que el año pasado, aunque los casos procesados recibieron penas mayores.
“La corrupción relacionada con la trata es motivo de preocupación”, se indica en el documento. Además, se identifica un vínculo entre la delincuencia organizada y el reclutamiento de personas.

Otra de las observaciones está en que no hay una protección adecuada de las víctimas, añade que hay problemas en la identificación de víctimas. Del 2015 al 2019, el gobierno mexicano identificó a un total de 4,585 víctimas (casi el 40% casos corresponden al 2015).
El año pasado se registraron 658 víctimas, de las cuales, el 58% son mujeres, 18% hombres y el resto no se especificó su género. El gobierno brindó apoyo a 933 mexicanos víctimas de trata en el extranjero (912 en Estados Unidos y 21 en otras naciones).
Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional De Seguridad Pública, en el mismo periodo, reportó un total 1,988 delitos relacionados con trata de personas. Fue el año pasado cuando se registraron más de 500 casos.
De enero a mayo, se han registrado 208 delitos relacionados con trata de personas en el país. En promedio, se registran 1.3 delitos al día. Los anterior significa un alza de 8.9% en relación con los primeros cinco meses del año pasado.

El Departamento de Estado clasifica a cada país en cuatro niveles, lo anterior de manera global es la labor que se hace en cada nación para erradicar dicho delito y México está clasificado en el Tier 2, como se menciona anteriormente, no cumple con los estándares mínimos, aunque se reconoce los esfuerzos al respecto del tema.
En el documento refiere a los avances en materia legal y hace referencia a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas (2012).
Destaca que en Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua incrementó el número de condenas en casos relacionado con trata de personas, pero contrasta con una baja en los casos procesados, por ejemplo, en el 2019 fueron 29 casos, mientras que en el 2018 fueron 60; 2017, con 95; 2016, con 228 y 2015, con 85 procesos. Las condenas fuero desde 2 a 53 años.
Además, se hace referencia que en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas informó sobre cuatro investigaciones en curso que involucran a funcionarios Instituto Nacional de Migración (INM), quienes recibieron pagos por facilitar la entrada y la residencia ilegal de migrantes

En enero, Nelly Maceda Carrera, diputada por el Partido del Trabajo y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para sancionar a los servidores públicos del INM que propicien o coaccionen de manera probada, con dolo o negligencia, la trata de personas y/o tráfico ilegal de migrantes.
La propuesta es que se sancione el delito con la destitución del funcionario.
UIF y prevención de trata de personas
En el reporte se menciona que la UIF detectó una red de trata de personas que utilizaban monedas virtuales para lavar dinero obtenido de la actividad ilícita.
La dependencia que encabeza Santiago Nieto Castillo analizó 364 informes de transacciones financieras sospechosas relacionadas con la trata de personas e inició 10 investigaciones en el 2019.

Asimismo, se menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo la primera capacitación en materia de trata de personas vinculada con el lavado de dinero en México, con el fin de que las autoridades correspondientes mejoraran las protocolos de detección y prevención. Fueron 60 las personas capacitadas.
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