El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Gesoc y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) estimaron, en un estudio, que México necesita aumentar el gasto entre 1.3 y 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria y financiera ante la pandemia por coronavirus.
Los recursos serían utilizados para incrementar el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa), para la condonación de las cuotas obrero-patronales del IMSS e infonavit y para el otorgamiento de transferencias monetarias a personas mayores de 18 años.
Según dichas asociaciones, la pandemia por COVID-19 presenta una serie de retos para los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, uno de los más alarmantes es el efecto económico inmediato que la propagación de la enfermedad tiene sobre la actividad económica y directamente en el bolsillo de las personas. Es por esto, es que el estudio propone redirigir el dinero de inversiones prioritarias a actividades con un impacto inmediato.
Los proyectos que podrían aplazarse, según se indica en el documento, son la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor en el istmo de Tehuantepec y el tren Maya, con lo que se podría liberar aproximadamente 43 mil 197 millones de pesos para ser ejercidos inmediatamente y atender el período de emergencia.
Con dichos recursos, las asociaciones proponen generar empleos inmediatos y reactivar industrias como la construcción, la cual repercutiría en la generación de empleos para la reparación de baches en diferentes partes del país, repavimentación de calles, instalación de alumbrado públicos, limpieza de espacios públicos y mantenimiento de edificios públicos. Además se recomienda la entrega de créditos exprés, provenientes del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para mejorar viviendas.
En cuanto al incremento de los recursos presupuestados para la Secretaría de Salud y garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento para todos e impulsar, además de optimizar la capacidad del sistema de salud, el estudio estimó que eran necesarios 16 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Para la condonación de cuotas obrero-patronales por parte de las empresas al IMSS e INFONAVIT, con el fin de liberar el ingreso disponible para solventar los costos para enfrentar la crisis sanitaria y preservar el empleo, el gobierno federal tendrá que cubrir con recursos públicos 168,097.3 mdp para cubrir los meses que van de abril a junio de 2020, sin tomar en cuenta la posible extensión de las medidas tomadas para contener la contingencia.
Por último, en el estudio se plantea la transferencia monetaria a personas mayores de 18 años. Esta propuesta surgió a partir del dato que muestra que en 2019 el 56.2 por ciento de la población económicamente activa en México se emplea en actividades informales.
“Si fuera posible focalizar la transferencia monetaria por situación de pobreza individual, el costo de la iniciativa representaría 0.6 por ciento del PIB, 165 mil mdp” propone el documento.
Según esta iniciativa, las medidas son necesarias para cubrir a la población más vulnerable y proteger a las empresas que proveen empleo a la población. El estudio fue elaborado, según se explica en él, con base en la selección de las medidas más representativas en los programas de rescata o contracíclicos de países como Argentina, Chile, Perú, Dinamarca y Holanda. Posteriormente se adaptaron estas estrategias a las instituciones mexicanas y se evalúo su impacto, asumiendo que dichas acciones serán implementadas en un tiempo acotado.
En días pasados, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió, mediante un decálogo para enfrentar la pandemia por coronavirus, la cancelación temporal o definitiva de los proyectos de infraestructura más costosos como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya. A través de un comunicado, la organización política explicó: “con el objeto de destinar esos recursos para cuidar la salud y proteger el empleo y la economía de las familias”.
Así mismo, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, señaló que es necesario suspender los mismos proyectos prioritarios de la administración actual, pues con esta acción se evitaría la pérdida de confianza. “Esto, reconociendo la debilidad que presenta el sistema de salud en México", subrayó en conferencia de prensa.
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