La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y cinco legisladores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, propusieron este martes en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución de México para introducir la pena de muerte a quien cometa el delito de feminicidio.
La propuesta llegó apenas una semana después de que la Cámara Baja aprobara el dictamen para reformar el Código Penal a nivel federal para poder incrementar las penas máximas para los feminicidas, por lo que fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.
El dictamen indica que se incrementan las penas máxima de prisión de 60 a 65 años a quienes cometan el delito de feminicidio y establece que la mínima será de 45 años, en lugar de los 40 que ahora mismo están marcados. Además, se endurecen también las sanciones por el delito de abuso sexual contra menores a 15 años de edad, con una pena máxima de 18 años y una mínima de 10.
Para que la pena de muerte se instaure en el país, los diputados del Partido Verde y de Morena buscan reformar los artículos 18, 22 y 29 constitucionales y agregar un nuevo párrafo al artículo 94.
“Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, señalaron los legisladores en su exposición de motivos.
Además, buscan que México se retire de los instrumentos y tratados internacionales a los que actualmente adhiere, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la Ciudad de Nueva York, el 15 de diciembre de 1989.
También quieren que el país deje la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990.
El artículo 18 constitucional, por lo tanto, quedaría de la siguiente manera:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto".
Por su parte, también se añadiría un párrafo undécimo al artículo 94 constitucional: “Igualmente, la Corte resolverá de manera exclusiva y prioritaria, por la vía de atracción, todos los amparos en donde deba resolverse sobre la pena de muerte”.
Sin embargo, Mario Delgado, el jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó tajantemente que el partido de López Obrador vaya a respaldar de ninguna manera la propuesta de algunos de sus compañeros de partido.
Para Delgado, se necesitan “otras acciones” que se tienen que asumir en la sociedad, en el gobierno y en el Congreso para terminar con estos crímenes. “Entiendo lo sensible y doloroso que puede ser”, concluyó, pero reiteró que ese no es el camino adecuado.
La propuesta se presentó en uno de los momentos más álgidos en el país en el tema de los feminicidios. Y es que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2012 a diciembre de 2019, el feminicidio en México se ha incrementado 137.5 por ciento.
Tan sólo de enero a diciembre de 2019, se cometieron 976 feminicidios siendo Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México, las tres entidades en donde más se registraron casos. En Veracruz se clasificaron como feminicidios 157 casos, 122 en el Estado de México y 68 en la capital del país.
A la emergencia nacional, se le sumaron dos casos ocurridos en la capital que conmocionaron a los mexicanos por la brutalidad de los casos: el primero fue el asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja. El otro fue el de Fátima Cecilia, una niña de siete años que fue sustraída a la salida de su escuela y cuyo cadáver fue encontrado hace un par de semanas con signos de violencia sexual.
Además de la aprobación en Diputados de penas más duras para feminicidas, un grupo de diputadas federales de todas las fuerzas políticas se reunieron con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para acordar la presentación de una propuesta en los próximos días que homologue el tipo penal de feminicidio en todos los estados.
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