No es la primera vez que se conoce que hay fuertes diferencias entre integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí la que se volvió más evidente públicamente, con ambos servidores públicos en funciones.

Se trata de las disputas entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

El pasado 9 de enero durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2020, Gertz Manero se quejó de que mientras su Ministerio Público sí respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, “hay unidades del Gobierno que no”.

En ese sentido, Gertz Manero acusó que algunas de las afirmaciones y revelaciones de las “unidades del Gobierno”, en referencia a Nieto Castillo, generan una “grave crisis en el aspecto procesal. “Porque luego nos acusan de faltas al debido proceso pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda. (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda. (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

El desencuentro entre ambos fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió el actuar del titular de la UIF al asegurar que “Santiago Nieto no hace nada sin antes consultar con el presidente” y aseguró que se revisarán los límites de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la FGR y el debido proceso.

Incluso, dijo, “ya estamos buscando entendimiento, que haya (una) sana relación”, dijo el mandatario mexicano.

En entrevista con Infobae México, el especialista en temas de seguridad e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, consideró que aunque la UIF está realizando investigaciones importantes y ha congelado las cuentas de altos funcionarios de sexenios anteriores e incluso de cárteles del narcotráfico, al llegar a la Fiscalía, las investigaciones se estancan.

“ (El gobierno de López Obrador) tiene una unidad de inteligencia financiera que está desbaratando a más de 800 cuentas bancarias de siete carteles. Algo que nunca había sucedido. Tienen 135 denuncias de redes criminales de políticos y empresarios y sicarios que están siendo hoy bloqueadas por la Fiscalía General de la República”, dijo.

El especialista en temas de seguridad e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia (Foto: especial)
El especialista en temas de seguridad e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia (Foto: especial)

“Ahí tiene un claroscuro, tiene por un lado una unidad del gobierno que está haciendo su trabajo en el área administrativa congelando dinero, denunciando, y por el otro lado un fiscal que no está abordando los casos. Entonces se nota que la voluntad política existe. Pero a 11 meses no podemos estar viendo resultados globales y completos”, resaltó el especialista.

Y agregó: “El titular de la unidad de inteligencia financiera continúa congelando cientos de millones de dólares, de pesos, de políticos, de redes criminales, carteles, pero vemos que la Fiscalía General de la República no está judicializando esos congelamientos por razones que no tienen fundamento legal. Por lo tanto, tenemos a un Estado que todavía sigue reaccionando de manera desorganizada aun cuando existe una excelente voluntad por parte del presidente y de algunos de sus miembros”, señaló.

Entonces, dijo, hay que organizar al Estado. “Yo entiendo que en once meses no se puede dejar atrás décadas de corrupción y de incompetencia, pero tenemos que empezar a ver propuestas concretas como la Ley de Reasignación Social de Bienes Decomisados, tenemos que empezar a ver al fiscal realmente trabajando en judicializar esos congelamientos que ya van por más de 40.000 millones de pesos que se han congelado y no hay resultados judiciales”, insistió Buscaglia.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico en 1976, a través de la Operación Cóndor. También se desempeñó como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, procurador federal de defensa del trabajo y como secretario de seguridad pública del gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Robles.

Fue designado por el entonces presidente Vicente Fox como titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal.

Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo postuló como Fiscal. El periodista Roberto Rock en su columna de El Universal, asegura que en ese momento, Gertz Manero aseguró a sus cercanos que siempre soñó con ser titular de la extinta Procuraduría General de la República (hoy FGR, la cual encabeza Gertz).

Quienes lo escucharon, asegura Rock, supieron desde entonces que intentaría restaurar el diseño de una institución inquisitorial, poderosa y arbitraria (ahora desde la FGR), aunque tuviera que navegar a contracorriente del nuevo sistema penal que le costó al país 20 años de deliberaciones y cuya implementación se halla todavía a medias.

Eso parece querer concretarse ahora a través de una reforma. El pasado miércoles 15 de enero, el Fiscal General de la República, junto con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentaron al Senado de la República, una propuesta para realizar la modificación al sistema judicial.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO); Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y Julio Scherzer Ibarra, consejo jurídico de la Presidencia de la República, durante la presentación de la reforma en materia judicial, el pasado 15 de enero. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO); Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y Julio Scherzer Ibarra, consejo jurídico de la Presidencia de la República, durante la presentación de la reforma en materia judicial, el pasado 15 de enero. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

El Senado la rechazó argumentando que no había sido consultada dentro del propio gobierno. Sin embargo, el periodista Raymundo Riva Palacio, aseguró en su columna de El Financiero, que se les pidió observaciones y propuestas a todas las dependencias, pero la única que lo hizo fue, justo, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto.

Pero a decir de varias organizaciones no gubernamentales, la reforma judicial presentada por Gertz Manero y Julio Scherer (la cual se filtró a algunos medios de comunicación) abarcaba, entre otras, 14 reformas constitucionales que representaban una regresión en materia de libertades, corriendo el riesgo de regresar a las prácticas del pasado que fueron combatidas por años.

Tras el rechazo del Senado, se determinó que la propuesta sea corregida y presentada de nueva cuenta en un mes.

¿Quién es Santiago Nieto?

Santiago Nieto Castillo es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde que el Senado de la República lo designó titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en el 2015, ha sido centro de atención de la política en México por sus polémicas declaraciones.

Durante la gestión de Nieto Castillo al frente de la Fepade ocurrieron varios escándalos.

El primero sucedió poco después de su designación, luego de que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Pablo Escudero, lo acusó de entregar información falsa y tener nexos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al haber trabajado con ellos como asesor y cobrado más de un millón de pesos.

El PRD aseguró que los señalamientos en contra de Nieto Castillo eran parte de una estrategia del Verde para desviar el proceso legal que emprendió la Fepade en contra de su entonces líder Arturo Escobar, por supuestas violaciones a la legislación electoral.

Y es que de acuerdo con la Fepade, Arturo Escobar autorizó la compra de las tarjetas "Premia Platino" a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). La tarjeta ofrecía descuentos en más de 9 mil establecimientos, como cines, ópticas, farmacias, tiendas departamentales y supermercados.

El caso contra el Partido Verde se derrumbó tras las acusaciones de los vínculos de Santiago Nieto con el PRD.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. (Foto: Cuartoscuro)
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. (Foto: Cuartoscuro)

Pero el caso que lo marcó ocurrió en octubre de 2017.

Y es que en una entrevista con el periódico Reforma, Santiago Nieto aseguró que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por los presuntos desvíos de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 2012 y cuyo abanderado era Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el entonces titular de la Fepade, Lozoya le mandó una carta para presionarlo a fin de que lo exonerara públicamente y le ofreciera una disculpa.

Como resultado, Santiago Nieto fue removido de la Fiscalía. La Procuraduría General de la República (hoy FGR) lo acusó de transgredir el código de conducta de la dependencia.

El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, negó que su cliente haya pedido ser declarado inocente. Explicó que el director de Pemex sí envió un escrito a Santiago Nieto pero para pedir una cita y aclarar las acusaciones, no para exigir una disculpa pública y que fuera declarado inocente.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo incorporó de nueva cuenta al gobierno federal, ahora, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Desde esta unidad, Nieto Castillo ha encabezado las investigaciones financieras contra Rosario Robles (ex secretaria de Desarrollo Social actualmente presa por el desvío millonario de recursos en lo que se conoció como La Estafa Maestra), contra el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, así como del abogado Juan Collado (actualmente preso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada).

 Foto: REUTERS/Tomas Bravo
Foto: REUTERS/Tomas Bravo

Otro caso más es el congelamiento de cuentas de quien fuera el poderoso ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos en donde está a la espera de un juicio por tres cargos de conspiración para traficar cocaína y otro por un falso testimonio, además de que es señalado de haber recibido millones de dólares de parte del Cártel de Sinaloa, para proteger a esa organización criminal.

Pero también ha congelado cuentas millonarias de personas físicas y morales relacionadas con los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y La Unión Tepito.

Incluso, admitió en entrevista con Aristegui Noticias, Santiago Nieto admitió que ya se están investigando las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que termine el 2019 tendrán completo el expediente.

Sin embargo, una vez que estas indagatorias llegan a la Fiscalía, encabezada por Gertz Manero, ya no hay avances.

Ante esta situación, Edgardo Buscaglia consideró que “el presidente tiene que dar un manotazo en la mesa en las reuniones de gabinete y forzar esa coordinación. Tiene que forzar, o presionar en el caso de la Fiscalía General de la República, para que comiencen a mover todos esos congelamientos de políticos, de dineros de políticos, de empresarios, de sicarios, y de algunos jueces y fiscales que hoy están en la impunidad”, insistió.

“No estamos abordando todas las áreas. Atacar el sicariato por sí solo, el presidente tiene razón, capturar capos, capturar sicarios, jamás desmantela la delincuencia organizada porque dejas al cerebro de la delincuencia organizada, que es la dimensión política y empresarial, la dejas intacta. Ahora se está empezando a atacar la parte política y empresarial pero la fiscalía no se está moviendo”, puntualizó.

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