El concepto medular durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es el “combate a la corrupción”. Desde su campaña, el mandatario había dejado en claro que ésta sería la apuesta principal de su gobierno y a lo largo del 2019 se han mostrado algunos ejemplos de esta iniciativa, pues diversos funcionarios o personas ligadas al poder durante sexenios pasados ahora enfrentan procesos judiciales.
Genaro García Luna
El caso más reciente es el del secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue detenido en Dallas, Texas, acusado de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección para el tráfico de drogas y trata de personas, mientras ocupaba puestos de alto rango en el gobierno de México.
Sobre esta detención es importante mencionar que Caldeón aseguró desconocer “por completo los hechos que se le imputan" a García Luna, no obstante, un diario de circulación nacional recordó una carta de febrero de 2008 en la que un comandante de la Policía Federal daba a conocer diversas irregularidades cometidas por el ex funcionario.
Sobre esto en específico, el ex mandatario afirmó que había logrado "rescatar las versiones periodísticas de tales cartas. Es importante resaltar que no hace referencia a ninguna acusación específica de complicidad del Ing. García Luna con el crimen organizado, ni mucho menos de las acusaciones que se están formulando ante la justicia de Estados Unidos”.
Rosario Robles Berlanga
La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es acusada de ejercicio indebido del servicio público tras irregularidades en varios contratos que firmaron la Sedesol, de la cual también fue responsable,y universidades de diferentes estados, mismos que no informó a sus superiores.
Hasta el momento, Robles Berlanga es la primera ex funcionaria vinculada a proceso por este caso que ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto. La Estafa Maestra es el nombre de una investigación periodística publicada el 5 de septiembre de 2017 que desenredó un sistema de 128 empresas fantasma de las cuales el Gobierno Federal desvió más de USD 400 millones a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles.
Cabe mencionar que la ex funcionaria en diversas ocasiones ha cuestionado de manera importante el proceso judicial que ha enfrentado: “¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto corrompiendo las leyes?, ¿Es porque soy mujer?”, preguntó Robles Berlanga durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva que se le dictó.
Emilio Lozoya Austin
A finales de mayo se giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin, quien fue ex director de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el delito de lavado de dinero, relacionado con la compra de la empresa chatarra Agro Nitrogenados a precio sobrevaluado a Altos Hornos de México.
La indagatoria se mantiene en proceso e incluso a mediados de noviembre, Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México determinó negarle un amparo al considerar que existían los elementos de prueba que hacen suponer que el ex funcionario es responsable de la comisión de dicho delito.
Asimismo, información de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Lozoya fue quien orquestó la inyección de cerca de USD 1 millón por parte de la constructora brasileña, Odebrecht, para las campañas políticas de dos candidatos a la gobernatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2010: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú.
Carlos Romero Deschamps
Fue líder del poderoso Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pero renunció el pasado 16 de octubre en medio de polémicas debido a las investigaciones en su contra por corrupción.
Por años, el ex priista había sido señalado de presunta corrupción y de usar los fondos del sindicato para enriquecerse. Si bien desde hace tiempo se presentaron denuncias en su contra ante la ya desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) estas fueron desechadas o archivadas.
Cabe recordar que también en octubre, la FGR solicitó la ayudar de la Interpol para dar con su paradero. Actualmente, sobre Romero pesan al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero un punto que es importante destacar es que no existen órdenes de aprehensión en su contra.
Otro tema que ha destacado la prensa nacional en torno a Romero Deschamps es que tanto él como algunos integrantes de su familia aún cobran un salario total cercano a los 700 mil pesos mensuales es de Petróleos Mexicanos (Pemex), según datos de la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, lo cuales fueron hechos públicos por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Miguel Ángel Lozada Aguilar
Esta semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destituyó a Miguel Lozada Aguilar, director general de la filial de Pemex Exploración y Producción, pero también anunció su inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 10 años, debido a estar presuntamente vinculado a un esquema defraudatorio millonario que habría funcionado del 2012 al 2014, durante el gobierno de Peña Nieto.
Lozada Aguilar fue sometido a auditorías e investigaciones sobre su evolución patrimonial, las cuales dieron lugar a denuncias ante la fiscalía federal en abril por “posibles conductas irregulares” y de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Función Pública, se detectaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales desde 2014 a 2017, ya que no informó la existencia de dos cuentas bancarias y de los beneficios económicos de un bien inmueble.
El esquema de defraudación al que se le vincula también está relacionado con las irregularidades por las que se abrió un proceso contra Rosario Robles Berlanga, quien desempeñó varios cargos en el gabinete de Peña Nieto y actualmente se encuentra en prisión.
Juan Ramón Collado Mocello
En julio, Juan Collado, quien era conocido como el “abogado del poder político en México” fue arrestado por elementos de la FGR en un restaurante de la capital por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esa misma tarde fue internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Pero eso no es todo acerca de su pasado, pues también fue uno de los abogados que se encargaron de la liberación de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, quien estuvo en prisión durante 10 años por la acusación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera su cuñado y secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de gobernador de Guerrero.
Eduardo Medina Mora
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renunció a su cargo a inicios de octubre mediante una escueta carta dirigida al presidente López Obrador. No obstante, al siguiente día, el propio mandatario de México reveló que Medina Mora se encontraba bajo una investigación por el delito de lavado de dinero por supuestas transferencias millonarias en Reino Unido y Estados Unidos, las cuales, de acuerdo con estimaciones, superaban los 100 millones de pesos.
Además, en junio pasado, se dio a conocer que Medina Mora se encontraba bajo la mira de la Fiscalía mexicana luego de un reporte de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés), que detectó transferencias millonarias hechas desde México, a cuentas del funcionario en HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas (casi USD 3 millones), que le fueron depositadas en los últimos dos años.
Dicho reporte derivó en la denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dijo que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, USD 2 millones 130 mil.
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