
Con un total de 29.574 víctimas entre los meses de enero y octubre, el año 2019 se perfila como el más violento de la historia de México. Y la capital del país no escapa a estas cifras, al despuntar como uno de los estados con mayor número de homicidios y feminicidios.
Sin ir más lejos, el número de feminicidios registrados llevó al gobierno de la Ciudad de México a declarar el pasado jueves Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres. Ese mismo día, se presentó en el Congreso Capitalino una iniciativa de ley que busca reforzar las labores de la policía de la metrópoli.
Según explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el proyecto legislativo se elaboró “desde una óptica de prevención del delito”. Por ese motivo, el texto propone que los agentes del cuerpo de seguridad local participen de forma más activa en las fases de investigación policial, y busca también robustecer las tareas de inteligencia.
De aprobarse, la iniciativa de Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) traería otras modificaciones. Estas son las principales.
Labores de la policía capitalina

El proyecto de ley asigna a los policías de la Ciudad de México nuevas atribuciones.
Además de las funciones generales que debe cumplir todo funcionario de la dependencia, -como combatir la delincuencia y garantizar las libertades, la paz o el orden público-, la iniciativa asigna a los agentes la tarea de investigar y perseguir los delitos para prevenirlos antes de que estos ocurran, y auxiliar así al Ministerio Público.
El texto propuesto también les designa la labor de participar en la detención de personas, así como asegurar bienes que sean objeto, instrumento o producto del arresto.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá que constituir los sistemas de registro de información que sean necesarios para intercambiar de manera eficiente los datos con el resto de autoridades, dependencias y organismos competentes en materia de seguridad ciudadana.
Supervisión de la actuación policial: respeto a los derechos humanos

Según la iniciativa presentada en el Congreso, toda actuación policial deberá ser supervisada por la Unidad de Asuntos Internos, que se encargará de comprobar que los agentes siempre procedan “con pleno respeto a los derechos humanos",
El texto propone además la creación de una nueva figura que se encargue de revisar el trabajo de la Unidad de Asuntos Internos: el Consejo Asesor Externo. Este estará integrado por académicos, expertos de la sociedad civil e integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. Su función será la de supervisar la actuación de la Unidad de Asuntos Internos, cuando así lo pidan los titulares de la Jefatura de Gobierno o de la SSC, o cuando se trate de un caso de alto impacto en la opinión pública.
Llama la atención que la iniciativa no hace referencia en ninguno de sus artículos a la obligación de “difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial”, un deber que sí exige la legislación actual.
La Universidad de la Policía

En la propuesta legislativa, la Universidad de la Policía aparece por primera vez como un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Este tipo de organismo, conocidos como OAD’S cuentan con la facultad específica de atender y resolver sobre su materia, dentro del ámbito territorial que se le determine en cada caso, así como por cada una de sus leyes y reglamentos.
La Universidad de la Policía, explica la iniciativa, tiene como objetivo formar especialistas y profesionales expertos en materia de seguridad ciudadana y derecho penal, “mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad”.
El titular de la institución, aclara el texto, será elegido por el titular de la SSC.
Requisitos
Mientras que la legislación actual determina que los titulares de Coordinaciones, así como de Direcciones Generales y Ejecutivas adscritas a las Subsecretarías u Oficialía Mayor deben tener, al menos, 30 años de edad, la nueva propuesta exige que para ocupar este cargo se hayan cumplido al menos los 35 años.
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