Adjudicación directa: el método de contratación favorito de AMLO, EPN y Calderón

Durante los primeros seis meses del año, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la mayoría de los contratos otorgados del sector público al privado han sido a través de adjudicación directa.

A pesar de que instituciones como la Secretaría de la Función Pública (SFP) recomienda no utilizar esta figura legal, excepto en casos específicos y de fuerza mayor. La licitación pública es el mejor método de garantizar mejores servicios a un precio justo, según el organismo.

Sin embargo, la actual administración, igual que las anteriores, han hecho caso omiso a la sugerencia. Hasta junio del 2019 se han celebrado 76.613 contratos, de los cuáles 77,3% fueron por adjudicación directa; es decir, 61.585, según información de la plaraforma COMPRANET, consultada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sólo 16% se hicieron a través de licitación pública, y 6,6% por licitación restringida. El resto (27 contratos) de elaboraron por otras vías.

Esta tendencia se suma a la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes también preferían hacer adjudicaciones directas. Del 2010 al 2018 se hicieron 72% de los contratos del gobierno federal a través de este procedimiento; es decir, 3 de cada 4 contratos.

En los últimos nueve años, cuando más han habido adjudicaciones fue en 2010, mientras estaba en la cabeza de la administración federal el entonces presidente Felipe Calderón, con 86,7% de los contratos dados de manera directa. El siguiente año la cifra descendió a 72,2%. El año en el que menos se ha utilizado esta figura legal fue en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con 62,2%.

Mexicanos Contra la Corrupción ya había revisado los contratos elaborados entre el gobierno federal y las empresas privadas en marzo. Para el cierre del primer trimestre del año 74% de los 28.458 convenios celebrados, habían sido por adjudicación directa.

Andrés Manuel López Obrador en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, realizó una fuerte crítica a este tipo de figuras jurídicas usadas por las administraciones anteriores "la apropiación indebida de bienes públicos fue llamada desincorporación y la corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa", dice el documento.

También informó que iba a prohibir este procedimiento para hacer contratos "Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios".

En las normas de la Secretaría de la Función Pública se explica que este procedimiento sólo se debe realizar cuando del producto o servicio necesario sólo exista un proveedor, cuando haya un contrato marco, en casos de urgencia o fuerza mayor o cuando la licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional.

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