El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó la propuesta del Parlamento de realizar una reforma parcial de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.
Según expresó la agrupación en su cuenta de X, “el aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.
La organización calificó la iniciativa como una “nueva maniobra” del Gobierno para “mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral”.
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El partido opositor también afirmó: “Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad”.
Durante una sesión ordinaria transmitida por YouTube en el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley. Explicó que dicha modificación surge de un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.
De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, la reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral) tengan cinco magistrados cada una, dos más que actualmente; y que la Sala Constitucional pase a tener siete integrantes en lugar de cinco.
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La reforma, que aún debe pasar por una segunda discusión, coincide con el proceso parlamentario de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones en la alta corte.
El diputado opositor Tomás Guanipa protestó en nombre del bloque parlamentario Libertad, señalando que recibieron el proyecto de ley a las 13:15, poco más de una hora antes de la sesión pautada para las 14:30 (18:30 GMT).
En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conformó una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el propósito de superar los “males que persisten” en el sistema judicial, marcado por el retardo procesal y la corrupción.
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