El hallazgo de cuerpos no identificados en cajas de refrigeración en Jalisco el año pasado visibilizó las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos en los últimos años por las autoridades del estado, afirmaron representantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Durante décadas, en Jalisco se cometieron múltiples y graves violaciones de derechos humanos de las personas fallecidas no identificadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, señalaron.
Desde 2006, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado 1.581 cuerpos de personas no identificadas, con la autorización y responsabilidad de autoridades estatales incluyendo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno y el Gobernador del Estado de Jalisco, con la complicidad de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
Simulando el cumplimiento del derecho a la justicia, el IJCF entregó 140 cenizas a familiares durante los últimos 12 años, "sin pruebas genéticas que pudieran confirmar su identidad, jugando con el dolor", señaló un comunicado de la Fundación Heinrich Böll.
El derecho a la identidad
En conferencia de prensa, Anna Karolina Chimiak, representante del CEPAD, lamentó que el IJCF muestre "graves inconsistencias" en sus informes y que no den a conocer información de interés público, "ya que esto contribuye a la impunidad y es sumamente violatorio al derecho a la verdad e información".
César Pérez, otro representante de la asociación civil, presentó el informe "Incineraciones de cuerpos no identificados en Jalisco, crímenes sin justicia", donde se acusa a las autoridades del estado de "indolentes" y "criminales".
Ana Enamorado, madre de un joven desaparecido en Jalisco, reveló que las autoridades locales le hicieron creer que su hijo ya estaba muerto y le entregaron cenizas, sin haber practicado pruebas de ADN para confirmar la identidad.
La incertidumbre
El informe señala: "Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de si entre los cuerpos incinerados sin identificar están sus seres queridos y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo de su ser querido y despedirlo conforme a sus creencias y tradiciones".
"A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada", acusó la ONG.
El CEPAD solicitará al representante de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, la intervención internacional para detonar el proceso de justicia y verdad mediante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de su mandato.
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