La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó que el gobierno de Tamaulipas indemnice a dos mujeres por la inadecuada valoración y atención de su embarazo, el cual derivó en la muerte de sus bebés y la extracción de la matriz en ambas.
Los investigadores de la CNDH determinaron que hubo violaciones a los derechos a la protección a la salud, libertad y autonomía reproductiva hacia las víctimas, al interés superior de la niñez en agravio de la mujer adolescente embarazada y violencia obstétrica hacia la otra mujer de 32 años.
Los hechos
La adolescente, acudió al Hospital General de Tampico ya que su bebé estaba a punto de nacer, pero la ginecóloga que la atendió le dijo que aún le faltaba una semana para dar a luz.
Como los dolores en el vientre continuaron, acudió al Centro de Salud Villa Cuauhtémoc, donde tras revisarla, le indicaron que el corazón del bebé latía lento. Posteriormente fue enviada al Hospital General de Altamira, donde le informaron que el bebé había fallecido y tuvo que ser ingresada al quirófano para extraerle al su hijo. Como consecuencia de una infección, le extirparon la matriz y parte del apéndice.
A consideración de la CNDH, la mala atención médica colocó a la adolescente en una situación de máxima vulnerabilidad además de que no se establecieron las acciones médicas requeridas por su edad. La inadecuada valoración del personal médico del Centro de Salud y el Hospital General de Altamira, aumentó el riesgo de las complicaciones obstétricas, que derivó en la muerte del bebé.
En el segundo caso, la otra mujer, declaró que al sentir dolores de parto acudió al Centro de Salud de Villa Manuel y fue referenciada al Hospital de Altamira, donde le diagnosticaron probable choque séptico, muerte fetal y anemia.
Debido a su estado de salud fue trasladada al Hospital Civil de Madero, en el que se le practicó una cesárea para extraer el producto y la matriz.
Respecto a este hecho, la CNDH determinó que hubo una inadecuada atención médica en el Hospital General de Altamira al omitirse un cuadro de preclampsia (una complicación médica del embarazo) presente en la paciente, y la aplicación injustificada de los medicamentos misoprostol y oxitocina, durante la inducción de trabajo de parto. También, en el documento del consentimiento no se estableció el acto autorizado, riesgos, beneficios, nombre de un familiar responsable y médico.
El organismo determinó que la inducción del trabajo de parto a las pacientes fue inadecuada ya que no se tomó en cuenta la gravedad de su estado de salud. Esto tuvo como consecuencia que ambas mujeres perdieran la matriz, causando mayor impacto en la adolescente que no ha tenido hijos, por lo que evidencia la vulneración al derecho a la libertad y autonomía reproductiva de las agraviadas.
La Comisión hizo una recomendación a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, para reparar integralmente el daño a las víctimas, indemnizarlas, proporcionarles atención psicológica y médica para que puedan alcanzar el nivel de salud más alto posible.
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