Con 248 votos a favor, del PRI y el Partido Verde principalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Seguridad Interior.
Esta legislación otorga formalmente facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías bajo el mando de las autoridades civiles. Entre otras, aplicar acciones "preventivas" a su criterio, intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas y participar en áreas de inteligencia civil, advierte el colectivo #SeguridadsinGuerra, que integran diversas organizaciones de la sociedad civil.
Durante la votación en comisiones el diputado David Gerson, del PRD, afirmó que "el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles", y que su respuesta es echar mano del Ejército.
Carolina Viggiano, del PRI, aclaró: "No vamos a mandar al Ejército a las calles; el Ejército está en las calles desde hace muchos años. Tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento".
Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, calificó la ley como "amenaza potencial a los derechos y libertades" y "una de las irresponsabilidades históricas más grandes" en la historia del país.
La ley aprobada además inclina más la balanza en favor del Presidente en materia de seguridad, pues podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (artículo 11) y lo faculta –previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional– para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (artículo 12), escribió recientemente Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Reforma a modo
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 11 Brigada de Policía Militar en Coahuila, donde urgió a los legisladores a aprobar la ley que considera una "imperiosa necesidad" para dotar de certidumbre a militares y marinos en sus labores de seguridad pública.
Después de este llamado, los diputados federales incluso modificaron el orden del día para dictaminar en fast track la iniciativa en la Comisión de Gobernación y luego llevarla al pleno para su discusión y aprobación.
Esta legislación forma parte de un paquete de iniciativas de ley que tienen como propósito enfrentar la situación de violencia que vive el país desde 2007, cuando el ex presidente Felipe Calderón emprendió la ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado poco más de 190,000 muertos en el país desde entonces.
El propósito de ese paquete era reformar de manera profunda las policías y el sistema de procuración de justicia en el país. Incluía concretar la conversión de la Procuraduría General de la República a Fiscalía autónoma, es decir, completamente independiente del Presidente. También reformar el mando policiaco en los estados para fortalecerlos en su responsabilidad de procurar seguridad a la población. Los dos reformas está detenidas en el Congreso.
En cambio, los legisladores metieron el acelerador para cumplir con una demanda de los militares: contar con una ley que "normalice" las funciones de seguridad pública que han cumplido desde hace una década, con resultados poco favorables para el Ejército y los ciudadanos, de acuerdo con evaluaciones de organismo internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos.
Impunidad, el problema
Recientemente, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), advirtió que sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército ha tenido castigo y documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República (PGR) inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por delitos como tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada. Pero sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", anotó el reporte.
Por eso, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos consideró en un comunicado que "seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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