La participación de adolescentes en actividades delictivas vuelve a colocar en el centro del debate la legislación penal juvenil en Honduras, mientras las autoridades policiales respaldan posibles reformas para endurecer las medidas contra menores vinculados con maras y pandillas.
Daniel Molina, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), manifestó su apoyo a la propuesta de revisar la edad punible y las sanciones aplicables a los menores que participan en estructuras criminales.
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El funcionario señaló que, desde la experiencia policial, se han identificado casos en los que adolescentes reciben instrucciones de integrantes adultos de estas organizaciones para ejecutar acciones ilícitas.
Sin embargo, Molina reconoció que cualquier modificación legal debe analizarse con cuidado, debido a las disposiciones nacionales que regulan la responsabilidad penal juvenil y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Sabemos que hay grandes desafíos en el plano jurídico, pues se deberán analizar los alcances para poder tomar esa decisión, en vista de que Honduras cuenta con una legislación que contempla el proceso penal contra los menores y también hay suscriptores de muchos tratados internacionales”, expresó.
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El titular de la DAET explicó que el marco jurídico hondureño mantiene un enfoque de protección hacia la niñez y adolescencia.
No obstante, consideró que las actuaciones policiales evidencian situaciones que, a su juicio, ameritan revisar las disposiciones vigentes para determinar cómo responder ante la participación de menores en delitos graves.
Como ejemplo, Molina recordó un operativo realizado durante el desplazamiento forzoso de habitantes de Villa Nueva, donde agentes policiales desarrollaron labores de inteligencia y capturaron a cuatro menores que presuntamente pertenecían a la Pandilla 18.
Según el funcionario, durante ese procedimiento algunas de las víctimas identificaron a uno de los adolescentes; sin embargo, el menor fue liberado debido a las garantías y los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.
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“Por darle un ejemplo, el día del desplazamiento forzoso en Villa Nueva, cuando las personas estaban saliendo de ese sector, nosotros hicimos una intervención de inteligencia y logramos capturar a cuatro menores de edad pertenecientes a la Pandilla 18”, relató.
Molina sostuvo que estos casos reflejan las dificultades que enfrentan los equipos policiales cuando identifican a presuntos integrantes de organizaciones criminales que todavía no han alcanzado la mayoría de edad.
El funcionario considera que las autoridades deben examinar si las disposiciones actuales responden adecuadamente a las nuevas dinámicas delictivas, especialmente cuando los adolescentes presuntamente actúan bajo las órdenes de adultos que forman parte de maras y pandillas.
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Otro de los datos expuestos por el director de la DAET está relacionado con las detenciones efectuadas por el delito de extorsión. De acuerdo con Molina, de un grupo de 42 personas detenidas por este ilícito, aproximadamente siete eran menores de edad.
El funcionario indicó que estos adolescentes no pudieron ser vinculados al mismo delito, según las circunstancias de los casos referidos.
La cifra, afirmó, forma parte de las situaciones que las autoridades observan durante las intervenciones policiales contra estructuras dedicadas a este tipo de actividades criminales.
Molina también señaló que, de acuerdo con la experiencia de los operativos, se identifica la participación de jóvenes de entre 15 y 18 años en hechos ilícitos.
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Esta situación ha alimentado la discusión sobre la posibilidad de modificar las sanciones y los mecanismos de responsabilidad penal para quienes cometen delitos antes de cumplir los 18 años.
La discusión, sin embargo, implica analizar las garantías procesales de los menores, la protección de sus derechos y los mecanismos que permitan establecer responsabilidades de acuerdo con la legislación vigente.
Entre las propuestas que serán examinadas figura el aumento de las penas aplicables a adolescentes que cometan determinados delitos, así como la posibilidad de juzgar como adultos a quienes integren organizaciones consideradas terroristas.
Además, se plantea la creación de centros de rehabilitación de máxima seguridad para menores infractores, una medida que buscaría establecer espacios especializados para adolescentes vinculados con hechos criminales de gravedad.
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