
Hace tres años desapareció Flora Peña Pérez, de 49 años. Una de sus hijas presentó la denuncia. Pero nadie supo de ella hasta el pasado fin de semana, cuando las autoridades judiciales de la Ciudad de México encontraron su cuerpo emparedado en el sótano de su casa. Allí la escondieron su esposo y su hijo luego de matarla a golpes.
Esto ocurrió en 2014, en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Las autoridades de la Procuraduría de Justicia capitalina pudieron esclarecer el crimen porque una hija, que desconocía los hechos, escuchó una discusión entre su padre y otra hermana, que al parecer estaba enterada de los hechos.

La hija, cuyo nombre no fue revelado, acudió a las autoridades para denunciar lo que había escuchado. El Ministerio Público citó a declarar a otros familiares y ordenó la investigación y presentación del esposo de la víctima, de 64 años, y de su hijo, de 34.
Los familiares declararon que Flora Peña era dueña de la casa donde vivía la familia, que su esposo y sus hijos querían quedarse con el inmueble y que en distintas ocasiones amenazó con correrlos porque no trabajaban y ella era la única que mantenía el hogar.

Esos fueron los motivos del crimen, de acuerdo con las autoridades. El 14 de enero de 2014, el esposo, de nombre Delfino Mendoza, y su hijo llevaron a Flora al sótano con engaños y allí la mataron a golpes y escondieron su cuerpo en el boquete de una pared que taparon con cemento. La necropsia reveló como causa de muerte fracturas craneoencefálicas.
Días después de cometer el crimen, Delfino se mudó a la ciudad de Hixmiquilpan, Hidalgo, estado que colinda con la capital del país, mientras su hijo se quedó a vivir en la casa con sus hermanas. Él fue detenido primero por las autoridades.

En su declaración ministerial confesó el crimen y culpó a su padre, pero no involucró a su hermana. Ella, en cambio, declaró que los tres habían planeado el asesinato, pero solo su padre y su hermano habían participado. El esposo admitió también su participación, pero no responsabilizó a su hijo, quien tiene antecedentes penales por un robo cometido en 2003.
Ahora ambos, padre e hijo, están acusados del delito de feminicidio agravado, y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar una pena de 60 años de cárcel.
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