Este lunes 3 de agosto se cumple el primer aniversario del tiroteo de El Paso, una ciudad mayoritariamente hispana y marcada por la pandemia de coronavirus.
El 3 de agosto de 2019, un hombre de 21 años ingresó a la tienda de autoservicio y disparó indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el establecimiento de la ciudad texana, que tiene una alta densidad de habitantes latinos y una fuerte comunidad binacional.
El hombre fue aprehendido por las autoridades estadounidenses unos minutos después de comenzado el ataque, pero gracias al arma que usó, pudo asesinar a 22 personas y herir a varias más. En el incidente murieron ocho mexicanos y ocho más resultaron heridos.
Los medios estadounidenses lo vincularon con un manifiesto publicado en internet que incluye pasajes xenofóbicos. El joven escribió que el ataque fue “una respuesta a la invasión hispana de Texas” y aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo.
Afirmó que estaba “defendiendo” a su país “del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión”.
Tres meses después del tiroteo, un grupo de mexicanos demandó a Walmart por la muerte de 8 connacionales.
“Diez ciudadanos mexicanos presentaron demandas en contra de la empresa Walmart Inc. La firma de abogados Lynn Coyle las presentó en coordinación con el Consulado General de México en El Paso”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con el gobierno mexicano, “el objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso es responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal de Cielo Vista en el Paso”.
Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general, señaló la SRE, que agregó que a raíz del lamentable fallecimiento del prestigiado abogado Enrique Moreno, quien representaba los intereses tanto de las víctimas del atentado del 3 de agosto como de sus familias que así lo decidieran, se resolvió conseguir el apoyo de la reconocida firma Lynn Coyle.
El despacho ya colaboraba con el abogado Moreno al coincidir ambas en sus principios y valores, de acuerdo con la SRE, “y también se distingue por su compromiso en la defensa de la comunidad mexicana y mexicoamericana en El Paso”.
“El Gobierno de México continuará utilizando todos los recursos a su alcance para evitar que este tipo de incidentes se repitan y reparar los daños sufridos por las víctimas. A su vez reitera su compromiso de brindar asistencia y protección a las personas mexicanas en el exterior, sin importar su condición migratoria”, concluyeron.
Tras el ataque, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, calificó el ataque como “un acto de terrorismo” y anunció acciones legales contra los responsables.
“Si así lo decide el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero), se iniciará la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio estadounidense”, adelantó Ebrard. “Que yo sepa, sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia”, destacó.
“Este movimiento permitirá que México tenga acceso a la información, si hay otros individuos involucrados, o potencialmente involucrados, que pongan en riesgo la vida de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, respetando el ámbito legal y de acuerdo a las convenciones y tratados existentes”, detalló el Canciller.
Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destacado que, en caso de que las autoridades estadounidenses fallen en procesar al autor del tiroteo por terrorismo, pedirán directamente su extradición para juzgarlo en los tribunales mexicanos.
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