
La diplomacia ha ocupado a los estadistas de todas las épocas porque enfrenta una dificultad que nadie ha resuelto del todo, la de conciliar la aspiración a un orden compartido con el reparto desigual del poder. Hoy esa tensión se siente con una intensidad particular. Las grandes potencias afirman sus intereses con hostilidad, las alianzas atraviesan pruebas que nadie esperaba y las normas que durante décadas dieron cierta previsibilidad a las relaciones internacionales chocan con resistencias cada vez más abiertas. Nada indica que se trate de un paréntesis.
Richelieu entendió que los asuntos exteriores exigen continuidad aunque las circunstancias cambien y las pasiones políticas se agiten. Metternich hizo del equilibrio la preocupación central del orden europeo. Mucho después, Henry Kissinger examinó la relación entre poder y legitimidad y advirtió que un orden se vuelve frágil cuando quienes lo integran dejan de aceptar sus fundamentos. Sus trayectorias fueron muy distintas, y en varios aspectos discutibles, pero podríamos decir que coinciden en una idea que conserva su vigencia. La diplomacia no elimina la rivalidad entre los Estados, pero impide que esa rivalidad destruya las condiciones mínimas de la convivencia.
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Ernest Satow puso la inteligencia y el tacto en el centro de la conducción de las relaciones entre Estados. André Maurois, con ironía, decía que “La diplomacia es el arte de expresar la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia”. Ambos tenían algo de razón, aunque el oficio es bastante más exigente. Negociar, como sugiere Sun Tzu al hablar de que “la excelencia suprema consiste en vencer sin combatir”, supone entender las razones del interlocutor y leer sus mensajes sin renunciar a las propias convicciones. Supone también distinguir qué intereses se esconden detrás de las posiciones públicas y saber cuándo una concesión bien meditada sirve estratégicamente a un propósito más alto y duradero. Quien ignora hasta dónde puede ceder no negocia, improvisa.
Creer que la relevancia de un Estado depende solo de su tamaño es un error. Pesan también la credibilidad de su palabra y la coherencia con que cumple sus compromisos. A eso se le llama reputación, y es un capital que se acumula despacio y se pierde de golpe. A él se suma la prudencia, que no es resignación sino esa destreza que permite reconocer los límites materiales, elige con inteligencia dónde concentrar los esfuerzos y cultiva relaciones que permitan actuar cuando el viento se vuelve adverso. La soberanía, por su parte, se ejerce hoy de otra manera y se define por la capacidad tecnológica, por el control de los datos personales, por la inteligencia artificial, por las alianzas en un mundo interdependiente y por muchos otros factores.
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Como presidente del Ecuador pude constatar que nuestros países pueden mantener relaciones diferenciadas con Estados Unidos, China y Europa, participar con carácter en los espacios regionales y multilaterales y conservar, a la vez, una orientación propia. Ese margen no se hereda, se defiende, y el derecho internacional ayuda a preservarlo. Sus normas no suprimen las asimetrías ni impiden todas las arbitrariedades, pero abren cauces de negociación y procedimientos para resolver controversias sin imposición. Los Estados menos poderosos son los primeros en pagar cuando la fuerza desplaza al derecho. La seguridad hemisférica y la cooperación ambiental son ejemplos que lo muestran bien, porque muchos intereses nacionales solo pueden atenderse con esfuerzos compartidos.
Quien estudia los hechos desde la historia, el periodismo o la academia tiene tiempo para revisar sus hipótesis. El gobernante decide bajo presión, con los hechos en marcha y con información insuficiente, pero no puede apagar el ordenador y pedir que el mundo espere. Allí pesan las instituciones capaces de aportar memoria y criterio donde la urgencia pretende imponer su propio guion. En un entorno incierto, un error de juicio puede comprometer lo que costó décadas construir. Desde esa experiencia he vuelto a pensar la diplomacia como una expresión exigente de la inteligencia política del Estado, muy lejos de la imagen superficial que la reduce al ceremonial o a la mera reacción por reflejo.
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Las negociaciones comerciales y la gestión internacional de las vacunas durante la pandemia respondían a necesidades muy distintas. Ambas pidieron decisiones pragmáticas del presidente de la República respaldadas por equipos diplomáticos con oficio. Contaron la preparación de los interlocutores, la discreción y la continuidad de las negociaciones, tanto como la voluntad de llegar a resultados. Lo que estaba en juego se medía en vidas y en empleos. Ahí se vio con claridad que la diplomacia puede y debe servir a los ciudadanos.
La diplomacia profesional traduce todo esto en conductas de Estado. Su valor está en conocer otras sociedades, anticipar riesgos y mantener abiertos los canales de diálogo incluso en las horas difíciles. José Ayala Lasso, excanciller ecuatoriano y primer Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha recordado que la diplomacia es ante todo un servicio al país y a sus ciudadanos, sostenido por principios firmes y por una vocación que no rehúye el sacrificio. La idea devuelve al oficio su tono moral porque sin probidad y sin lealtad al interés nacional, el conocimiento y la destreza negociadora pierden sentido.
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Cada administración fija legítimamente sus prioridades en política exterior bajo la conducción del presidente de la República, pero los diplomáticos profesionales son quienes conocen la historia de nuestras relaciones, saben interpretar las circunstancias y entienden que la lealtad se debe al Estado. Defender esa continuidad institucional es proteger una capacidad pública que puede tardar años en recuperarse si se pierde, pues la credibilidad internacional de un país no puede reconstruirse tras cada transición.
Un país mediano no impone, convence. No dispone de flotas ni de mercados que le permitan alzar la voz, y su única ventaja sostenida es que su palabra valga y que quienes lo representan internacionalmente sepan lo que hacen. Improvisar esa capacidad equivale a empezar de cero frente a interlocutores que jamás empiezan de cero. Ningún país pequeño o mediano puede permitirse ese lujo. Detrás de cada gestión hay personas. El exportador que necesita que una puerta siga abierta, el migrante que busca amparo lejos de su casa, la familia que espera una vacuna. La diplomacia llega hasta ellos cuando funciona, y cuando falla son los primeros en notarlo.
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Gobernar enseña que el Estado no empieza con nuestra llegada al poder ni termina con nuestra salida. Sus instituciones guardan una experiencia colectiva que recibimos de otros y que estamos obligados a entregar en mejores condiciones. De esa responsabilidad depende buena parte de la solidez de una república. La diplomacia nos recuerda el mérito de quienes defienden los intereses de su nación sin convertir cada desacuerdo en una demostración de fuerza, y que un país se hace respetar cuando su palabra pesa más que su tamaño, y esa palabra la sostienen, en silencio y lejos de casa, quienes lo sirven con honor.
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